Habrá un cuarto intermedio en la audiencia con los cinco dirigentes del SUPA
Lo dispuso la jueza Karina Breckle sobre el cierre de la jornada de este viernes.
Este viernes por la tarde, en la Oficina Judicial de Rawson se realizó la audiencia contra dirigentes del SUPA (Sindicato Unidos Portuarios Argentinos) denunciados por extorsión y amenazas, adelantando que habrá un cuarto intermedio hasta este sábado por la mañana.
Cabe recordar que los miembros de la cúpula del SUPA imputados de haber extorsionado a empresarios de la pesca de Rawson y de Comodoro Rivadavia, obligándolos a pagarles sumas ilegales para que pudieran trabajar en esos puertos. La investigación fue realizada por la fiscal Florencia Gómez.
En la audiencia participan la jueza Karina Breckle; los imputados junto a sus abogados y los empresarios extorsionados, con su defensa. De esta forma, Breckle decidirá por la libertad, la continuidad de prisión domiciliaria o la prisión de los miembros de SUPA en algún establecimiento carcelario, posiblemente la Alcaidía de Trelew.
Además, existe una manifestación en el exterior con trabajadores del SUPA de Puerto Rawson, Puerto Madryn, Camarones y Comodoro Rivadavia. También hay un operativo policial con personal de la Comisaría Rawson, Operaciones, GRIM, Canes, Infantería y División de Seguridad Rural.
LA EXTORSIÓN EN LA PESCA
El pasado 26 de julio, se realizó una reunión paritaria en Madryn con la nueva comisión de SUPA, integrada por Alexis Gutiérrez como secretario general; Bruno Vera como secretario gremial; Juan Carlos Inalef como prosecretario; Claudio Villarroel como protesorero; Cristian Pérez Cristian como 1° vocal titular y José Zambrano como 1° vocal suplente, entre otros.
En ese amrco y según la acusación, Gutiérrez -arbitrariamente y por fuera de paritarias-, subió un 5% más a todas las empresas, excepto a las de “fresco”. Las estibadoras se negaron a firmar el acuerdo. Entonces el SUPA se negó darles el personal para descargar de los barcos la mercadería fresca para que la materia prima llegara a las plantas procesadoras. El 18 de agosto, el gremio se reunió con algunas empresas estibadoras en Trelew para intentar un acuerdo.
Por el SUPA estuvieron Gutiérrez, Vera y Villarroel. Por las empresas, Aravales e Hijo SRL, representada por Oscar y Maximiliano Aravales; Estibajes Rawson SA representada por Carlos Yañes; Estibajes Suarmo SA representada por Alejandro Suárez, y Scarico SRL y Don Gerónimo SRL, representadas por Ezequiel Jaroslavsky.
Además la fiscal Gómez, sostuv que en esa reunión, Gutiérrez habría exigido que cada empresa le pagara a él, a Vera y a Villarroel $ 2.400.000 por día, bajo amenaza de paralizar el puerto, impidiendo las descargas. La reunión terminó con la negativa de cada empresario a cualquier dinero fuera del convenio. Sin embargo, luego del encuentro, Suárez llamó al representante de RV SA, Raúl Matías Cereseto, y le avisó de las amenazas. Cereseto se negó y el 24 de agosto de 2023, Gutiérrez lo amenazó: “No sabés con quiénes te estás metiendo, de dónde venimos y cuánta gente somos. Si ponés la plata no van a tener problemas. Si no la ponen, te cuento lo que va a pasar, te vamos arruinar el negocio, y te vamos hacer boleta a vos y a tu familia, ustedes eligen”.
En tanto, el 25 de agosto la cúpula sindical ordenó no enviar trabajadores a las estibas en Puerto de Rawson para quienes se habían negado a pagar: RV SA; Scarico y Suarmo. La Subsecretaria de Trabajo dictó una conciliación obligatoria. Estas empresas se vieron económicamente perjudicadas para operar en el puerto.
Mientras que el 29 de agosto se firmó un acuerdo en Madryn donde los involucrados decían que la situación había sido un “un mal entendido”. Pero en simultáneo, Aravales, ante la amenaza que le paralizaran el puerto en forma injustificada, habría propuesto unilateralmente abonarles 1.500 cajones ($ 813, 990), a Gutiérrez, Vera y Villarroel.
Además,de acuerdo a la imputación oficial, Fiscalía detectó que el 1º de septiembre de 2023 transferencias bancarias desde la cuenta del Banco de la Nación Argentina de RV SA a las cuentas del Banco Credicoop de Gutiérrez; del Banco Nación de Vera, y del Banco BBVA de Villarroel, por $ 813.990. Las transferencias se repitieron el 4 de octubre por el mismo importe. De esta forma, intimidaron a Cereseto obligándolo a pagar, creándole un perjuicio económico y obteniendo a un beneficio económico ilegal.