El abogado Guillermo Iglesias, defensor de Abel Boyero en la causa ‘emergencia climática de Comodoro Rivadavia’, dijo este jueves que el fiscal del caso “come calculadoras en lugar de carne”, en referencia al acusador en esa investigación, Héctor Iturrioz, que recientemente asumió como ministro de Seguridad.

Tras confirmarse recientemente la elevación a juicio del caso, que tendrá un total de 13 imputados, entre empresarios y funcionarios públicos, Iglesias evaluó que “cuando el nuevo fiscal se haga cargo, seguramente hará un replanteo de esta causa”, al asegurar que no hay elementos para acusar a su defendido, el ex secretario de Planificación del municipio.

La avenida Fray Luis Beltrán tras el temporal de 2017 en Comodoro. Foto: Archivo
La avenida Fray Luis Beltrán tras el temporal de 2017 en Comodoro. Foto: Archivo

Iglesias expresó su descontento con la acusación del fiscal, quien sostiene que hubo una defraudación por 900000 dólares por trabajos presuntamente sobrefacturados. Según el abogado, el fiscal "come calculadoras en vez de carne", refiriéndose a la cifra que, según él, no tiene fundamento razonable. Asegura que en el expediente no hay una sola pericia contable que respalde ese monto.

“BOYERO NO TENÍA LA FUNCIÓN DE CONTROLAR LOS TRABAJOS EN EL TERRENO”

En diálogo con Actualidad 2.0, el defensor sostuvo que Boyero está implicado en la causa porque firmaba los consolidados de deuda. Según detalló, el trámite administrativo de la percepción de esos montos pasaba por varias áreas: primero por Servicios a la Comunidad, luego por Infraestructura (que era la que Boyero manejaba), después al área contable, luego finanzas y finalmente, el Tribunal de Cuentas. “Si el Tribunal de Cuentas hacía alguna observación, se la mandaba al área de servicio a la comunidad para corregir”, precisó.

Iglesias argumenta que Boyero es acusado de ser “partícipe del delito que supuestamente cometían los empresarios, en la calle mientras retiraban el lodo y que él, sentado en su escritorio, tenía que haber sabido que esto pasaba”.

Iglesias cuestionó falta de coherencia en la acusación, señalando que, por los mismos hechos, otro implicado (en referencia al ex secretario de Hacienda) fue sobreseído. “Cuando se le preguntó al juez por el principio de equidad y de igualdad, por qué a un secretario lo sobreseyeron y al otro no, la respuesta fue que el otro implicado estuvo poco tiempo (en reemplazo de Boyero), lo que es una lógica absurda. Es como si a usted le dieron permiso para ser delincuente por un ratito”, ironizó, para cuestionar el razonamiento de la juez del caso y criticar que también Boyero debió haber sido absuelto de la acusación.

Según Iglesias, "no era parte de la función de Boyero estar en el terreno controlando cómo se estaban haciendo los trabajos". Explicó que "hay una división de roles y por eso Boyero, al igual que el intendente, no puede ser considerado culpable por la inconducta de otros.

Iglesias argumentó que Boyero está implicado en la causa porque "firmaba los consolidados de deuda", pero que su responsabilidad estaba circunscrita a "verificar la cuenta, no la actividad en el terreno".

“CUANDO UN NUEVO FISCAL ANALICE EN FORMA OBJETIVA, LA CAUSA VA A CAMBIAR”

Además, Iglesias cuestionó la acusación de que Boyero debía saber que un socio suyo en otra empresa había facturado de más. Según él, "este argumento no tiene relación con el hecho que se le imputa a Boyero". Aseguró además que "aunque se pruebe este argumento, no forma parte del hecho imputado".

El abogado también fue irónico cuando se le planteó por qué si era tan obvia la inocencia de su defendido, el proceso atravesó varias etapas de revisión, que confirmaron el criterio del juez y el fiscal, para formalizar ahora la elevación a juicio:“Bienvenido al derecho penal -respondió-. Es muy difícil de explicar estas cosas, por eso después absuelven a la gente. Absolvieron a un funcionario porque hizo lo mismo que Boyero, por poco tiempo. Es como decir que alguien está ‘un poquito embarazada’ -insistió-. El planteo se hizo desde lo retórico y lo público, porque era un caso seductor: empresarios que se aprovecharon de la comunidad, pero la realidad es que trabajaron sin beneficios, gratis, pero se les rompían las máquinas y nadie les daba ni gasoil”.

Para Iglesias, cuando un nuevo fiscal analice el caso, cambiará el encuadre de la investigación. “Creo que cuando otro fiscal pueda tener un sentido más objetivo y que realmente haga un análisis crítico del caso y aplique el derecho, seguramente esta causa va a cambiar. No sé en qué términos, porque hay cosas que seguramente hay que explicar, pero los empresarios y los funcionarios no exhiben ninguna connivencia”.

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