CAPITAL FEDERAL - Los diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) Alfredo Cornejo y Luis Petri presentaron un proyecto de ley que busca autorizar a los privados a importar y comercializar vacunas contra el coronavirus. Sin embargo, deberían donar 10% de lo adquirido al Ministerio de Salud de la Nación. La iniciativa autorizaría a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adquirir vacunas para destinarlas después a los planes que rijan en cada distrito.

“Ante la ineptitud del Gobierno es fundamental que todos hagamos los máximos esfuerzos por avanzar en el plan de vacunación y, por ello, es imprescindible incluir tanto a las provincias como al sector privado, para ampliar y acelerar la vacunación en todo el país, respetando el orden de prioridades establecido por el Ministerio de Salud”, aseguró Petri.

Según el Monitor Público, en nuestro país fueron vacunadas contra el covid-19 1.301.787 personas con la primera dosis y 347.170 recibieron ya la segunda.

"Hay muchos ciudadanos que pueden hacer su parte, accediendo a las vacunas por sus propios medios, siempre dentro de la etapa que corresponda a su grupo de riesgo definido por el plan estratégico. Eso liberaría recursos y vacunas adquiridas por el Estado para que se orienten a quienes realmente las necesitan, con la garantía de que nadie que acceda a las vacunas a título privado estará saltándose el lugar que le corresponda por su grupo”, dice el proyecto publicado por La Nación.

Según explicó el diputado, la incorporación de los privados “respetando las prioridades en la vacunación” permitirá “descomprimir el sistema público, garantizando que las vacunas lleguen a los más necesitados”.

En cuanto al porcentaje que los importadores privados estarán obligados a donar al Ministerio de Salud, expresó que será una forma de “aumentar la cantidad de vacunas disponibles en el Estado”.

VACUNACIÓN EN LAS PROVINCIAS

En tanto, el diputado Cornejo consideró que autorizando a las provincias a adquirir dosis, se “aceleraría” el plan de vacunación. “Al permitirles, además, establecer convenios entre ellas se da la posibilidad de negociaciones conjuntas para optimizar el precio, el plazo y las cantidades a aplicar; a la vez que no se deja solamente sobre el gobierno nacional la posibilidad y esperanzas de conseguir vacunas”, mencionó.

 

“Es necesario ir preparando el terreno para que el Estado no sea el único responsable en el futuro para las negociaciones, adquisiciones y aplicaciones”, manifestó.