Importantes avances hubo este lunes luego de que la justicia federal y la AFIP realizaran cinco allanamientos en Trelew, en la causa en la que se investiga una serie de maniobras que podrían consistir en una importante evasión tributaria por aproximadamente $ 450 millones a lo largo de los últimos tres años, por parte de un grupo de 15 empresarios vinculados a la industria pesquera de Puerto Rawson.

A pedido del fiscal federal Fernando Gélvez, el juez Gustavo Lleral habilitó las operaciones, de las que participaron agentes de la Policía Federal de Puerto Madryn y de Comodoro Rivadavia, así como 15 funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos: 5 especialistas en informática, 5 abogados y 5 contadores.

Allanaron las oficinas de los estudios contables de un empresario del sector de la estiba en el puerto de Rawson, y por otro lado, se secuestró documentación y material informático en la empresa pesquera “Hemos Triunfado”. Y se allanó además un local comercial que funciona como agencia de autos  y un domicilio particular.

La causa tuvo origen a fines de 2020 a partir de un anónimo que después se convirtió en una denuncia formal del entonces ministro de Seguridad, Federico Massoni. Allí se aportaban nombres y datos sobre la manera en que un grupo de empresarios de la pesca buscarían evadir el pago de impuestos. También se especulaba con una supuesta vinculación con figuras del ambiente político.

Según pudo saber ADNSUR, desde 2019 la Afip ya venía realizando una investigación que había derivado en un sumario contra algunos empresarios que fueron advertidos, pero aún no se había resuelto ir con una causa penal a la justicia. Desde la agencia de recaudación local, nunca se había avanzado a fondo en el tema y ni siquiera se había catalogado a los protagonistas como grandes contribuyentes.

La agencia de la Afip en Trelew seguía el tema de la pesca hace años, pero no había avanzado en una denuncia.
La agencia de la Afip en Trelew seguía el tema de la pesca hace años, pero no había avanzado en una denuncia.

A lo largo de 2021, la justicia federal vino trabajando en la investigación de una serie de maniobras, cruzando datos y documentación, que permitió hacer una reconstrucción del modus operandi: luego de evaluar los hechos, se llegó a una serie de figuras penales, que pueden derivar en imputaciones que caerían con diverso grado contra los distintos implicados, de acuerdo a su nivel de protagonismo y participación.

Concretamente, desde la fiscalía federal se presume que, de acuerdo a lo evaluado, se estaría ante la posible comisión de los delitos de Evasión Tributaria Agravada, así como de Apropiación Indebida de Tributos, y la posible existencia de una Asociación Ilícita de delitos tributarios. En estos casos, las penas podrían ir desde los 3 años y medio hasta los 9 años de prisión para quienes sean encontrados responsables.

LA MANIOBRA

Según los datos preliminares de la investigación, a los que –según fuentes judiciales- los allanamientos de este lunes podrían haber aportado una serie de pruebas fundamentales, un grupo de empresarios de la Flota Amarilla en conjunto con empresarios de la estiba de Puerto Rawson, habrían urdido una serie de operaciones creando empresas “fantasma”, truchas o apócrifas (“usinas” en la jerga) a las que le facturaban servicios con el fin de evadir impuestos como IVA y ganancias.

Es decir, se investiga si los mismos empresarios inventaron otras empresas que eran una fachada, porque les pertenecían a ellos mismos, para “auto contratarse” y hacer figurar como gastos una suma muy importante que, de este modo, evitaban tener que informar como ganancias al fisco.

El muelle de Puerto Rawson, donde operan los empresarios que son investigados por la justicia.
El muelle de Puerto Rawson, donde operan los empresarios que son investigados por la justicia.

Además de estas maniobras de evasión agravadas, se investiga si hubo “apropiación indebida de tributos” (por ejemplo, fingiendo operaciones de exportación) y si se puede demostrar la actuación con determinados roles de algunos actores de manera continuada en el tiempo, que pueda configurar el delito de asociación ilícita.

Los montos detectados hasta aquí por Afip como parte de una presunta evasión, según el chequeo de esta agencia de noticias, estarían muy lejos de los $ 4.500 millones expresados en notas periodísticas, y se acercarían más bien a la no menos impactante cifra de $ 450 millones.

En las últimas semanas, la causa tomó gran ímpetu y derivó en los operativos conocidos este lunes, que según fuentes judiciales, habrían sido altamente exitosos. Entre el material secuestrado, se habría dado con una computadora desde cuyo mismo IP se hacían todos los trámites, desde la creación de la facturación apócrifa, hasta las declaraciones juradas.

Cuando esta información sea procesada, el paso siguiente será el llamado a prestar declaración indagatoria a los implicados, al tiempo que ya se está haciendo una investigación de los patrimonios de algunos empresarios: propiedades, sociedades, empresas, bienes muebles e inmuebles, tanto dentro y fuera del país.

OTRA DENUNCIA PROVINCIAL

Por otra parte, es importante aclarar otra cuestión vinculada a este tema, que ha sido mencionada como una “ampliación” pero en realidad es una causa paralela que tramita en la justicia provincial: el último 19 de abril, el ex ministro Federico Massoni presentó un escrito ante la procuración general de Chubut, en el que pide se investigue si estos mismos hechos podrían constituir delitos del ámbito propio de la justicia local.

La denuncia fue recibida por Emilio Porras Hernández, quien la derivó al titular de la Agencia de Delitos contra la Administración Pública, el fiscal Omar Rodríguez. Por ahora, está en una etapa incipiente, y habrá que ver si se vuelve a convocar a Massoni para que aporte más detalles, ya que lo presentado es muy “vago” y sin una acusación concreta.

El ex ministro de Seguridad, Federico Massoni, presentó dos denuncias: una en la justicia federal y otra en la provincial.
El ex ministro de Seguridad, Federico Massoni, presentó dos denuncias: una en la justicia federal y otra en la provincial.

En ese escrito, el ex ministro de Seguridad apunta contra funcionarios y ex funcionarios de la gestión de Pesca del gobierno de Mariano Arcioni, de quienes desliza supuesta “connivencia” o “complicidad” en los controles a este grupo empresario pesquero, y también pide que se investigue al senador Ignacio Torres por una presunta vinculación con algunos miembros del grupo, pero sin achacar la comisión de ningún delito concreto.

En ese sentido, el ex funcionario menciona en su demanda con número de expediente algunos trámites y resoluciones, pidiendo a la fiscalía que los evalúe y determine la posible comisión de delitos, pero sin ser específico en lo absoluto. De hecho, las fuentes judiciales coincidieron en lamentar que las apariciones mediáticas de Massoni lo único que hicieron fue poner en alerta a los posibles implicados y obstruir el trabajo de los investigadores, con el fin principal de obtener protagonismo dentro de una operación política para dañar la imagen de una figura afín al macrismo

Finalmente, hay que decir que ya está en ciernes una discusión sobre la competencia entre la justicia federal y la chubutense, si es que se llegara a demostrar que además de una evasión de impuestos del orden federal, se pudieran haber evadido impuestos de recaudación provincial, como sería el caso de ingresos brutos, entre otros.

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