El mediodía del jueves, el juez provincial Horacio Yangüela dispuso la excarcelación de los seis acusados por los crímenes de Héctor “Pato” López y Federico Lomeña, cometido en diciembre de 2018 y cuyos cuerpos fueron hallados enterrados. La investigación judicial basó la hipótesis en que las muertes estuvieron vinculadas con el narcotráfico y una deuda por 4 kilos de droga.

En la causa hay seis jóvenes acusados por homicidio doblemente agravado: Genaro Carrizo Artiles, Nicolás Valencia, Nalih Zajur, B.B. (menor de edad al momento del hecho), Aaron Sepúlveda y Giulio De Cecco.

El caso tuvo “idas y vueltas” entre la Justicia provincial y la Justicia federal respecto a la competencia de la investigación y de la realización del juicio. Incluso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. La causa se inició en la Justicia Provincial, pero se derivó a la Justicia Federal por entender que el doble crimen estuvo vinculado a la comercialización de estupefacientes.

Toda la investigación la efectuó la Justicia Federal, pero al momento de iniciar el juicio, el Tribunal Oral Federal planteó una cuestión de competencia y dispuso que el debate lo debía realizar la Justicia Provincial de Chubut.

A partir de esta situación, se efectuaron diversos planteos por parte de los abogados defensores de los seis acusados.

Todos libres

Días pasados, en el medio de diversas presentaciones judiciales, la defensa de los imputados planteó que el plazo máximo de prisión preventiva ya se había cumplido. Sucede que en Chubut el máximo es de tres años, mientras que en el fuero federal puede superar ese tiempo.

La Fiscalía rechazó el planteo y pidió que no se haga lugar a la libertad de los acusados. Y, citando fallos de la Corte Suprema, sostuvo que se debe analizar la complejidad del caso y la multiplicidad de imputados, así como la posibilidad de que se fuguen estando en libertad.

Pasado el mediodía del jueves, el juez Horacio Yangüela resolvió hacer lugar a la defensa y entendió que era de aplicación automática y se debía resolver la libertad, ya que a su criterio se había cumplido el plazo previsto para que una persona esté en prisión preventiva.

Otro de los planteos que quedan pendientes de resolver en cuanto a diversas impugnaciones son si la causa se encuentra en etapa de investigación o ya en etapa de juicio, y sobre qué juez debe intervenir. Los fiscales sostienen que la investigación que efectuó el Juzgado lo hizo con reglas probatorias y procesales distintas a las de la Justicia Federal. Y piden un plazo de investigación para adecuar la acusación a los estándares que se utilizan en la provincia.

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