La “doble trocha” Rada Tilly-Caleta Olivia forma parte además de unas de las 5 obras que fueron objeto de una pericia especial, para dictaminar si hubo irregularidades en el proyecto, con conclusiones que hoy dan sustento a la acusación de los fiscales contra la ex Presidenta de la Nación.

Los peritos designados por la fiscalía y los jueces determinaron que hubo sobreprecios en el conjunto de las 5 obras realizadas, que además de la autovía incluyó otros trabajos en las rutas 40 y 288, mientras que la perito de la defensa dictaminó que las modificaciones de precio entre los años 2008 y 2015 obedecieron a redeterminaciones de los valores a raíz de cambios realizados sobre el proyecto original, además de las actualizaciones por inflación.

La obra que involucra al sur de Chubut había comenzado en 2008, con un presupuesto oficial de 873,6 millones de pesos, con adjudicaciones a las empresas Austral Construcciones y Kank y Costilla, ambas de Lázaro Báez. Siete años más tarde, en 2015, un informe interno de Vialidad Nacional, que fuera publicado en su momento por ADNSUR, certificó que hasta ese momento el avance de obra en los tres tramos del proyecto promediaba un 35% y el Estado nacional había pagado hasta ese momento, 852 millones de pesos sobre una valuación del proyecto que en ese momento ascendía a 4.892 millones de pesos.

Es necesario recordar que cuando se reinició este año, con adjudicaciones a las empresas CPC y Rigel, el presupuesto total para la finalización ascendió hasta los 10.000 millones de pesos, con un plazo de obra de 24 meses, que podría empezar a verse demorado nuevamente por las recientes restricciones presupuestarias.

Preocupación por los recortes

Independientemente del juicio que seguirá su cauce durante las próximas semanas y meses, ya que tras los alegatos de la Fiscalía deberán hacer lo propio las defensas de todos los imputados y la sentencia final se estima que se conocerá sobre fines de este año, los avances de la obra de la autovía podrían verse relentizados en los próximos meses.

Según pudo saber esta agencia, desde Vialidad Nacional se habría dejado trascender que los plazos de pagos podrían empezar a “estirarse”, es decir hasta 60 ó 90 días posterior a la certificación de avances.

En ese marco, no hay muchas precisiones aún sobre los recortes presupuestarios que anunció recientemente el ministro de Economía, Sergio Massa, que podrían afectar a obras de infraestructura, ya sea que estén en marcha o que estén a punto de licitarse, en distintos puntos del país.

“Desde que salió Martín Guzmán del Ministerio se empezó a notar menos fluidez”, indicaron fuentes cercanas al ámbito empresario, aunque se negaron a dar mayores precisiones. La preocupación se plantea porque al terminar la temporada invernal, se espera comenzar a pleno ritmo de trabajo, con tareas de pavimentación, durante el próximo mes de septiembre, pero esto podría verse acotado si es que se confirman los temores sobre los posibles recortes

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