Tarifas: el aumento que viene en las facturas de gas en Comodoro y Rada Tilly

Los atribulados usuarios de servicios públicos argentinos ya escucharon hablar en los últimos días sobre las consecuencias que traerá el inevitable acuerdo de refinanciación con el FMI: recorte de subsidios, aumento de tarifas y posible suba de determinados impuestos. Como para ir 'precalentando' motores, o desinflando bolsillos, ya hay un incremento avanzado desde comienzos de año, en este caso para el gas, incluso antes de que empiecen a confirmarse los pronósticos derivados de la nueva deuda con el Fondo, para pagar la deuda anterior.

Vamos por partes. Aun cuando no existieran los 44.500 millones de dólares adeudados al FMI, en el país hay un retraso de tarifas a partir del congelamiento que se dispuso en 2020, durante la pandemia, cuando el gobierno de Alberto Fernández dejó sin efecto el sistema de revisión integral semestral (abril y octubre de cada año), tanto para el gas como la electricidad.

Previo a ello, cuando el entonces presidente Macri perdió las elecciones primarias en agosto de 2019, dejó en suspenso la revisión de tarifas que debía hacerse en octubre de aquel año (previo a la elección definitiva), por lo que la última actualización se remonta a abril de aquel año, sobre indicadores económicos de febrero de 2019. 

De ese modo, se fue generando un desfase entre la inflación y el tipo de cambio, que desde entonces crecieron por encima de la evolución de las tarifas de los servicios, fuertemente atados a la cotización del dólar. El año pasado tuvieron incrementos de emergencia, que para la distribución de gas fue del 6 por ciento.

A comienzos de 2022, la Distribuidora Camuzzi Gas del Sur había solicitado una adecuación tarifaria del 119 por ciento, en el margen de distribución, lo que hubiera implicado una suba final de entre 25 y 29 por ciento, para usuarios de bajo y medio consumo, respectivamente.

“Con esos porcentajes se apuntaba a cubrir los costos mínimos de operación y mantenimiento, además de las inversiones necesarias para asegurar la prestación del servicio”, indicaron fuentes vinculadas a la prestación. “No había recomposición de rentabilidad”, añadieron.

De igual modo, para las pymes se el impacto hubiera sido de 1.200 pesos mensuales, lo que representaba un 11 por ciento de incremento en el costo final de la boleta, con impuestos incluidos, según aquella presentación. 

El aumento que se empezará a sentir el mes próximo

Lo que el Ente Nacional Regulador del Gas autorizó finalmente fueron porcentajes inferiores a los solicitados, que implican 36 por ciento en el margen de distribución y el mismo porcentaje en lo que respecta a cargos fijos. Para grandes usuarios, que involucra a industrias, la variación será del 70 por ciento. 

En consecuencia, las facturas de abril comenzarán a llegar a los hogares de Comodoro y Rada Tilly con un incremento que será inferior al que había solicitado la compañía, con aumentos promedio que empezarán en 60 pesos por mes para los usuarios de bajo consumo y de 190 pesos para los R31 (que engloba al promedio de domicilios de la región), lo que equivale a un 14 por ciento de por sobre el monto final de la boleta a pagar.

Para Santa Cruz, las variaciones serían en promedio de 90 pesos para los usuarios de bajo consumo y de 250 pesos mensuales para los R31, lo que representa subas del 14 por ciento final, de acuerdo con las estimaciones formuladas ante la consulta para este informe.  

La duda que persiste hacia delante es cuánto incidirá la baja de subsidios acordada por el país en el reciente acuerdo con el FMI, que inevitablemente implicará una adecuación de las tarifas que pagan los usuarios, al disminuir el aporte del Estado. En 2021, ese monto ascendió a 12.000 millones de dólares.

Según el argumento que expuso la compañía en la audiencia pública del mes de enero, si se aplicara el sistema de Revisión Tarifaria Integral vigente, la adecuación el ajuste correspondiente al período febrero 2019-febrero de 2020 debería haberse elevado hasta un 240 por ciento. 

Ese porcentaje surge de la variación Indice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), mientras que restando el aumento otorgado en junio del año pasado, el ajuste debería acercarse al 185 por ciento.  En igual lapso, el Indice de Variación Salarial fue del 165 por ciento, según se expresó en la audiencia pública.

“Lo que habíamos pedido era un 119 por ciento, que es inferior a los índices que permitiría aplicar la ley, tanto el IPIM como el IVS –se indicó-, pero se nos otorgó sólo un 36 por ciento. Lo que pueda pasar por la quita de subsidios es otro tema: este ajuste actual no responde a la exigencia del FMI, pero entendemos que se aplicará la segmentación de los usuarios que ha anunciado el gobierno”.

Nuevos incrementos antes del final del año

Según surge de los anuncios realizados a nivel nacional y los compromisos asumidos en materia financiera, queda claro que antes de fin de año habrá un nuevo ajuste en las tarifas del gas, que además cargan la presión de lo que pasa con los precios internacionales del fluido que el país debe importar durante el invierno. 

La otra derivación es el impacto del precio del gas en las facturas de electricidad, ya que gran parte de la generación de energía se realiza con este tipo de fuente térmica. De hecho, en el mercado energético se especula con la gran cantidad de dólares (entre 4.000 y 7.000 millones) que demandará la importación de gas para abastecer la demanda energética, en caso de que el conflicto Rusia-Ucrania se prolongue y mantenga los precios en alza que se están registrado para el Gas Natural Licuado ((GNL). 

En febrero, la energía eléctrica en el mercado mayorista ya aumentó un 34 por ciento, como resultado de las autorizaciones que se otorgaron también este año para actualizar las tarifas de este servicio, mientras que en la segunda parte del año podría haber nuevas adecuaciones para trasladar la inflación acumulada desde principios de 2019.