COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Mariela Uribe, una de las empleadas contratadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que viene planteando denuncias contra el ex delegado, Daniel Carrizo, se presentó este miércoles en Fiscalía para fundamentar sus acusaciones en torno a las agresiones por parte de quien la semana pasada fue desplazado del cargo.

“Somos varias compañeras que hemos sufrido el maltrato y a las que además nos pedía el pago ‘voluntario’ para sostener su agrupación política”, dijo la mujer en diálogo con ADNSUR, al tiempo que pidió que intervengan la Delegación y que los fiscales “se metan a investigar porque van a encontrar más irregularidades en el organismo”.

Uribe había sido contratada para desempeñarse en el área administrativa del IPV, pero desde tiempo atrás comenzó a denunciar situaciones de maltrato por parte de Daniel Carrizo, quien fue desplazado la semana pasada del cargo.

Daniel Carrizo fue apartado de su cargo en el IPV la semana pasada. Foto fuente: Crónica

La mujer también había sido denunciada por Carrizo y terminó detenida por la policía, junto a su esposo y su hija, situación que atribuyó a “las mentiras de Carrizo, porque él dijo que mi marido rompió un vidrio y que mi hija lo amenazó de muerte, pero en el video que transmitió Canal 9, que estaba filmando cuando pasó todo, no se ve nada roto”.

Uribe sostiene que la denuncia formulada es por agresión verbal, pero también física, “porque me sacó de la oficina agarrándome del brazo y cuando mi hija llamó a la policía, terminó deteniéndonos a nosotros, porque él tenía contacto y decía que los manejaba”.

En concreto, la mujer señala que fueron víctimas de acoso laboral psicológico, ya que ella y otras mujeres contratadas por el ex funcionario, debían hacer un “aporte voluntario de su sueldo, porque él decía que teníamos que pagar para sostener los gastos de su agrupación política, pero no alquilaban ningún salón y funcionaba en el mismo Instituto. Yo le pagué la primera vez 500 pesos y le dije que después le daba el resto, pero después no me pagaba el sueldo. Hubo gente que trabajó 7 meses y no cobró ni una sola vez”.

Estos hechos forman parte de otra presentación en la justicia, formulada por Uribe y otras compañeras de trabajo que ingresaron contratadas al organismo. “Eso forma parte de otra investigación y hoy nos dijeron que van a designar a un fiscal para que investigue esos casos, nosotras hemos aportado información y copias de los mensajes por whatsapp pero les dijimos a los fiscales que si quieren investigar, si se meten en el organismo, van a encontrar más irregularidades, pero no las podemos decir porque las pruebas están adentro”.

Finalmente, la denunciante insistió en que “intervengan el IVP” y reclamó también por “nuestros puestos de trabajo, porque estábamos contratadas y no es justo quedar en la nada”.