Santa Cruz en alerta por el posible cierre de Vialidad Nacional: hay temor por más de 100 familias afectadas

El proceso de desmantelamiento de organismos públicos que impulsa el Gobierno Nacional avanza con fuerza y genera resistencias crecientes en distintos sectores del país. En el marco del plan de reforma del Estado encabezado por Federico Sturzenegger, se espera que en las próximas horas se publique un nuevo decreto que podría redefinir por completo el control de rutas, transporte y seguridad vial.

El proyecto contempla la disolución de varias entidades clave, entre ellas la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y otros organismos históricos. El objetivo oficial es reducir estructuras, bajar el gasto y reasignar funciones estratégicas a fuerzas como Gendarmería, a pesar de las dudas sobre su preparación operativa.

En este contexto, crece la preocupación en provincias como Santa Cruz, donde los caminos y rutas son esenciales para el abastecimiento. Allí, trabajadores viales denuncian un vaciamiento progresivo y se preparan para una asamblea clave el próximo viernes.

“Hace un mes y medio venimos advirtiendo esto que ahora está a punto de concretarse”, señaló Jacqueline Borquez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales de Santa Cruz. Además, adelantó que habrá una asamblea de trabajadores en el Distrito 23 para definir pasos a seguir en caso de confirmarse el cierre.

La sindicalista aseguró que esta decisión representa una amenaza directa para la conectividad de la provincia y para 160 trabajadores. También denunció que el vaciamiento de Vialidad comenzó con la retención de fondos que deberían provenir del impuesto a los combustibles, destinado por ley al mantenimiento de rutas. 

“Desde que asumió este gobierno, dejamos de recibir ese dinero. Hoy mis compañeros hacen lo que pueden con lo poco que hay”, remarcó.

En tanto, uno de los puntos más polémicos es la intención del gobierno de traspasar funciones técnicas de Vialidad a Gendarmería. “Ellos no están preparados para controlar rutas ni balanzas. Si hoy no pueden estar en Piedrabuena, ¿cómo van a hacerlo si se aprueba el decreto?”, cuestionó.

“Esto se hace desde una planilla de Excel, sin tener en cuenta la realidad de provincias como la nuestra. Si se pierde el control de rutas, vamos a pagar una fortuna por la papa, la carne o el gas”, resaltó Bórquez.

Respecto a las concesiones privadas, lanzó: “Nunca mantuvieron nada, solo cobraron. Hoy esas rutas las estamos sosteniendo nosotros y gracias a eso se evita que haya más muertes”.

Por otra parte, habló del descontento social, sin embargo, subrayó que “la gente se queja en redes, pero no sale a la calle. Yo siempre digo que la lucha es colectiva, es en la calle donde hay que mostrar el descontento”.  “Tenemos la esperanza de que el decreto no se firme, pero si se aprueba, no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, cerró.

CUÁL ES LA SITUACIÓN EN CHUBUT

Con respecto a Vialidad Nacional, la situación también impacta en la provincia del Chubut, donde muchos trabajadores podrían ser despedidos. Así lo explicó Soledad García, secretaria general del gremio de Sindicato de Empleados Viales en diálogo con la prensa.

Si bien reveló que no recibieron ninguna notificación oficial, “nos enteramos por los medios”. En tanto, explicó que actualmente son 169 los trabajadores afectados en Chubut, responsables del mantenimiento de más de 2.200 kilómetros de rutas. 

“En realidad somos pocos para los kilómetros de ruta que tenemos y sobre todo ahora que estamos en pleno operativo invernal”, remarcó.  Asimismo, sostuvo que esta situación “es una amenaza que venimos denunciando hace más de un año y medio”.

“Nos mienten con el ajuste, pero van a terminar gastando el triple”, señaló y aseguró que “el mantenimiento que hacemos nosotros cuesta un tercio de lo que cobra una empresa privada”.

“El mantenimiento no es solamente tapar baches, es corte del pasto, es controlar las balanzas, los permisos de tránsito, tenemos censos de tránsito, hacemos un montón de otras cosas”, subrayó.

LAS MODIFICACIONES QUE PLANTEA REALIZAR EL GOBIERNO

Entre las modificaciones más importantes, se encuentra la decisión de transferir las funciones de fiscalización de tránsito y control vial a la Gendarmería Nacional, que absorberá las tareas actualmente desarrolladas por la ANSV y otros organismos.

En paralelo, el Ministerio de Economía pasará a encargarse de las concesiones de obras públicas viales y transporte terrestre, funciones que hasta ahora cumplía Vialidad Nacional. Además, los recursos financieros, títulos y compromisos de esta entidad serán transferidos a la Tesorería General de la Nación.

Otra de las novedades será la creación de la Agencia de Control de Concesiones de Transporte, un nuevo ente que se ocupará del control de contratos, tanto en materia vial como ferroviaria, y del cobro de tasas y aranceles vinculados a estas actividades.

Asimismo, se reformulará la actual Junta de Seguridad en el Transporte, que dejará de investigar incidentes automotores y pasará a centrarse únicamente en siniestros de aviación civil. Su nuevo nombre será Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR