Esta semana se presentó una novedosa iniciativa en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz. Una norma propone garantizar que se cubran los gastos totales de la cirugía plástica reparadora, para aquellas personas que fueron víctimas de violencia de género. 

La propuesta fue presentada por la legisladora Rocío García, del Frente de Todos, y en la última sesión ordinaria tomó estado parlamentario. Las beneficiarias serán aquellas mujeres que presenten secuelas físicales como consecuencia de actos de violencia de género. 

Los obligados por esta norma serán todos aquellos agentes pertenecientes a la salud pública, las obras sociales dentro de las leyes 23.660 23.661, entidades de medicina prepaga, y aquellos agentes que brindan servicios médico asistenciales a sus afiliados, sin importar la figura jurídica que tengan. 

Cuáles serán los requisitos

La diputada señaló que la violencia contra las mujeres se reproduce en el ámbito privado y en el público, alcanzando distintos tipos y modalidades. La legisladora también destacó que nuestro país ha suscrito y ratificado normas internacionales de derechos humanos, que definen una vida sin violencias de cualquier índole, y la necesidad, como estado presente, de adoptar medidas a orientar, prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra la mujer.

Las cirugías plásticas reparadoras actualmente no se realizan en Hospitales públicos.
Las cirugías plásticas reparadoras actualmente no se realizan en Hospitales públicos.

Para acceder a este tipo de tratamiento, se deberán cumplir los siguientes puntos:

  • La indicación médica de la necesidad de una cirugía plástica reconstructiva, y que las lesiones en cuestión sean secuelas de haber sufrido un acto de violencia de género.
  • La presentación de una denuncia efectuada por la mujer que ha sido víctima de violencia, ya sea ante la policía, el ministerio público fiscal o un juzgado penal o de familia.

Algunas de las secuelas visibles de la violencia de género son deformidad en la pirámide nasal, hundimiento de alguna región, faltante de piezas dentarias, o cualquier alteración en la imagen corporal que se puedan deducir directamente de la situación de violencia vivida por la mujer, y que puedan requerir cirugía plástica reparadora, práctica que en la actualidad no se realiza en los hospitales del sistema público.

"Teniendo presente el rol fundamental que ocupan todos los operadores de la sociedad y los entes gubernamentales para lograr una cooperación efectiva, orientada a la erradicación de tanta violencia contra las mujeres, es que se propone este proyecto para el tratamiento de las secuelas visibles de estas situaciones de violencia en el rostro", dijo la legisladora. 

Por último, otro de los puntos del proyecto obliga a las autoridades sanitarias, a médicos, enfermeros, Hospitales, clínicas y centros de salud, a informar a la mujer que ha sido violentada, sobre la posibilidad de acceder a la cirugía plástica reconstructiva en los términos de esta ley, y sobre los requisitos para realizar el tratamiento 

Entre otras consideraciones, deberán informarle sobre las consecuencias positivas y negativas de realizarse la práctica o de no hacerlo, y ayudarla a tomar la mejor decisión de acuerdo a su consentimiento.

Con información de La Opinión Austral

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