Las asesoras de Familia, Patricia Alejandra Fernández, Verónica Andrea Roldan y Carolina Natalia García presentaron un amparo para que se le ordene al Estado provincial  que actualice sus aportes a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia para el funcionamiento del Servicio de Protección de Derechos.

El reclamo - según pudo conocer ADNSUR - busca que se garanticen recursos humanos, materiales y financieros para el abordaje, atención y seguimiento de las situaciones de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes de Comodoro.

Las asesoras le pidieron a la Justicia que le ordene a la administración pública provincial que organice el aparato gubernamental y todas las estructuras necesarias, “con especial énfasis en la incorporación de la cantidad adecuada de personal técnico especializado”. 

Y además que asegure la “preservación o restitución a las niñas, niños y adolescentes del disfrute, goce y ejercicio de sus derechos vulnerados; que adopte medidas positivas y adecuadas, mediante acciones, proyectos, programas, o la modalidad que estimen apropiada para hacer efectivo en las situaciones concretas de vulneración de derechos el fortalecimiento del vínculo y de las capacidades parentales”.

Buscan garantizar la atención en situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes de Comodoro. Foto. ilustrativa
Buscan garantizar la atención en situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes de Comodoro. Foto. ilustrativa

También exigieron “medidas positivas y adecuadas para garantizar modalidades alternativas de cuidado de los niños, niñas y adolescentes para los casos que fuera necesario separarlos temporalmente de sus progenitores por motivos de protección”.

Las asesoras exigieron un adecuado abordaje de situaciones con jóvenes en conflicto con la ley penal y que se cumpla con los aportes del Fondo Especial para la Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, con “la actualización monetaria correspondiente”. 

“En definitiva –dice el recurso-, concluyen que celebren nuevos convenios marco que asegure la descentralización de la atención, la asignación presupuestaria suficiente y la adecuación a la realidad local”.

FALTA DE PROFESIONALES

Las amparistas relataron que el 2 de octubre de 2003 la Secretaría de Desarrollo Social de la Provincia y el municipio suscribieron el Convenio Marco de Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia. “Provincia se comprometió a aportar personal técnico al municipio de nuestra ciudad para el funcionamiento del Servicio”.

El SPD comodorense “cuenta a la fecha con tan sólo seis equipos territoriales integrados por profesionales y operadores, sin la conformación interdisciplinaria que se requiere, lo que representa un número muy alejado del aporte comprometido por el representante del Poder Ejecutivo Provincial para el momento inicial, resultando insuficiente para cubrir la complejidad de las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan nuestros representados”.

Desde 2008 hubo “innumerables reclamos a la autoridad de aplicación provincial para que complete los cargos profesionales que se adeudaban, aumenten el Fondo Especial, mejore las condiciones laborales de los operadores y otorgue los recursos materiales indispensables para el desarrollo de la tarea”.

Por este motivo “se han acumulado situaciones graves con vulneración de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes que integran una lista de espera para su abordaje por los equipos territoriales”.

También solicitaron contar con la cantidad adecuada de profesionales para poder brindar la atención de menores en Comodoro. Foto: ilustrativa
También solicitaron contar con la cantidad adecuada de profesionales para poder brindar la atención de menores en Comodoro. Foto: ilustrativa

En cuanto a las intervenciones en curso, “es constante la escasa cantidad de recursos humanos y materiales, la precariedad de las intervenciones, la falta de protocolos de actuación, carencia de un seguimiento suficiente en los abordajes de las problemáticas, la ausencia de equipos interdisciplinarios que realicen una guardia activa y permanente”.

 Este escenario “denota que la labor del escaso plantel de profesionales no se sustenta en políticas públicas serias que permitan un trabajo coherente y sostenido en el tiempo, en pos de lograr la restitución de los derechos vulnerados”.

LA NECESIDAD DE UN NUEVO ACUERDO

Desde la firma del convenio marco en 2003, no hubo actualización suficiente de los aportes provinciales al municipio para fortalecimiento del vínculo familiar y efectivización de derechos. “Esto contraria la obligación del Estado de adoptar todas las medidas tendientes a dar efectividad a los derechos enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño”.

El amparo además reclama que se declare la inconstitucionalidad del artículo 21 de la Constitución Provincial. 

“Un aspecto fundamental para lograr la plena garantía de los derechos de la niñez, es la disposición por parte del Estado de los recursos suficientes para implementar las condiciones necesarias para el desarrollo integral y la adolescencia”. Las políticas públicas de protección integral de los derechos “gozan de carácter prioritario en la asignación de recursos”. Las asesoras “consideran conculcados los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad”.

La Cámara de Apelaciones comodorense consideró admisible la acción. “Las amparistas cuestionan la omisión por parte de la demandada de acordar con el municipio  y actualizar sus aportes para el funcionamiento del Servicio de Protección de Derechos garantizando la disposición de los recursos (…) En definitiva, pretende se celebre un nuevo acuerdo marco que asegure la atención descentralizada y la asignación de presupuesto, adecuado ello a la realidad local”. Ahora la Provincia debe contestar la demanda. Si no lo hace se considerará que reconoce los hechos.

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