CAPITAL FEDERAL - La sindicatura de la quiebra de la empresa Oil Combustibles le pidió autorización al juez en lo Comercial Javier Cosentino para otorgar un 10% de aumento salarial a los empleados jerárquicos de la firma y a los que se encuentran fuera del convenio colectivo de trabajo que rige para el sector petrolero, según dijeron a Clarín fuentes judiciales. La petición sería resuelta luego de la feria judicial de invierno que comenzó esta semana y concluirá a fines de la próxima.

Se trata de 167 trabajadores que no reciben aumentos salariales desde el primer semestre de 2017 y que reclamaron a la Justicia por su situación y los altos índices de inflación registrados en los últimos meses. Esos trabajadores se reparten entre los 71 empleados que cumplen tareas en las oficinas de la firma en la Capital Federal y otros 96 -jerárquicos y no jerárquicos- que prestan tareas en la refinería de la ciudad santafesina de San Lorenzo.

El pedido de la sindicatura -un estudio de contadores y abogados que funciona como auxiliar de la Justicia en los procesos de concursos de acreedores o quiebras de empresas- se originó en un reclamo que partió de los trabajadores y además la actualización servirá como base para subir el cálculo del dinero que deberían recibir cuando eventualmente asuman definitivamente los nuevos dueños de la compañía y decidan no continuar con ellos dentro de la firma.

La petrolera que perteneció a los detenidos Cristóbal López y Fabián de Sousa es explotada actualmente por la estatal YPF en sociedad con la empresa Destilería Argentina de Petróleo (DAPSA) y ambas tienen prioridad para cuando se rematen los activos de la empresa declarada en quiebra.

López y De Sousa pidieron a la Justicia la apertura del concurso de acreedores de Oil Combustibles a los pocos meses de producido el recambio de gobierno de diciembre de 2015. Durante el kirchnerismo la firma había recibido planes especiales de pago por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Apenas asumido el gobierno de Mauricio Macri, la AFIP comenzó con una serie de acciones legales contra la firma en procura de hacerse de los 8 mil millones de pesos que adeudaba del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), un gravamen que la empresa cobraba como agente de retención cada vez que un usuario cargaba nafta o gasoil en sus estaciones de servicio.

Según denunció el Gobierno, Oil Combustibles usó ese dinero para comprar medios de comunicación y sostener así una línea editorial de apoyo al gobierno de la entonces presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. Esas empresas también fueron presentadas en concurso de acreedores. Cosentino decretó la quiebra de Oil Combustibles el 11 de mayo pasado.

La Justicia nacional en lo Comercial también decretó recientemente la quiebra de la principal firma del otro empresario emblema del kirchnerismo, Lázaro Báez, detenido al igual que López por la presunta comisión de diversos delitos ocurridos al calor de las anteriores autoridades de gobierno nacionales. Báez será juzgado en fecha aún por determinar por lavado de dinero y fraude al Estado por la obra pública vial que se le concedió en la provincia de Santa Cruz. López y De Sousa, por el presunto fraude ocurrido con Oil.

Fuente: Clarín