PUERTO MADRYN (ADNSUR) - El Instituto Penitenciario provincial n°1, ubicado sobre ruta 3 entre las ciudades de Trelew y Puerto Madryn, podría ser clausurado por falta de médicos. La medida se dispuso tras un habeas corpus colectivo de las personas alojadas en el instituto, presentado ante la suspensión del servicio médico, que dejó la institución por falta de pago. El juez dio un plazo de 72 horas para que la situación se regularice y se evite la clausura.
“Presentamos el habeas corpus colectivo correctivo en razón de haber tomado conocimiento de la suspensión del servicio médico que se prestaba en el instituto penitenciario. Durante la jornada de ayer nos elevaron una nota suscripta por el comisario Urrutia, donde nos informaban que el servicio médico se había retirado por falta de pago desde el 11 de noviembre, lo cual perjudica la situación de detención de los detenidos alojados allí. No solo de quienes tienen padecimiento crónico y merecen atención médica permanente, sino que también suelen ocurrir situaciones violentas, con heridos con elementos cortopunzantes”, explicó la defensora pública Luciana Cappone y agregó: “La distancia que separa el centro de atención más cercano constituye un agravamiento en las condiciones de detención”.
En la audiencia de habeas corpus estuvo presente la funcionaria fiscal María Eugenia Vottero y el comisario José Pailacura, segundo jefe del Instituto, quien brindó detalles ante el juez Horacio Yangüela: “El día sábado 11 a las 16 horas, la empresa Cuidados retiró la ambulancia y los enfermeros, pero ya venían con retención de servicio de días antes”, contó y sostuvo: “Uno no sabe cuándo puede producirse un inconveniente en los pabellones, por lo que es riesgoso no tener una ambulancia”
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Graciela Trovato, directora de políticas penitenciarias, también presente en la audiencia, informó que se reunió “con el ministro solicitando los fondos, porque había una deuda de seis meses”. Esos fondos aún no se liberaron. “Es indispensable contar con presencia de un personal médico por la cantidad de personas en el lugar y por algunos cuadros complejos”, agregó la médica forense Vanina Botta, también citada a la audiencia.
El juez de ejecución Horacio Yangüela, tras escuchar a las partes, dispuso intimar a que en el plazo de 72 horas se regularice la situación, contando con un cuerpo de enfermería, un profesional médico y una ambulancia, bajo apercibimiento de clausurar el lugar por no darse las condiciones adecuadas y mínimas para la detención de personas.
