Paro total en Tierra del Fuego: sindicatos y gobierno provincial rechazan la eliminación de aranceles a electrónicos
Los gremios patagónicos convocaron a un paro general para el 21 de mayo en rechazo a las medidas del gobierno de Javier Milei, que eliminan los aranceles a la importación de celulares y reducen impuestos internos a productos electrónicos. Temen la pérdida de miles de empleos y denuncian una "concesión al FMI" que pone en jaque el régimen industrial fueguino.
El clima social y político en Tierra del Fuego se encuentra al rojo vivo tras el anuncio del gobierno nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares y reducir impuestos internos para televisores, celulares y aires acondicionados.
En respuesta, la totalidad de los sindicatos provinciales -incluyendo la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), docentes, estatales y organizaciones sociales- confirmaron un paro total para el miércoles 21 de mayo, en defensa de los puestos de trabajo y del régimen de promoción industrial que sostiene a la economía local desde hace más de 45 años.
La medida fue definida en un plenario gremial realizado en Tolhuin, donde los representantes sindicales denunciaron que el paquete de reformas “atenta contra la industria, los puestos laborales y la dignidad de miles de familias de nuestra provincia” y exigieron la inmediata marcha atrás de las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
EL IMPACTO DE LA ELIMINACIÓN DE ARANCELES
El martes, el vocero presidencial Manuel Adorni oficializó la rebaja de aranceles para la importación de celulares -del 16% al 8% de manera inmediata, y a 0% a partir de enero de 2026- y de consolas de videojuegos, además de una reducción de impuestos internos del 19% al 9,5% para productos electrónicos importados. Para los bienes producidos en Tierra del Fuego, los impuestos internos bajarán del 9,5% al 0%.
Según el gobierno nacional, la medida busca “abaratar los precios y fomentar la competencia”, estimando que los precios de celulares y televisores podrían bajar hasta un 30%, equiparándose con los valores de países vecinos y facilitando el acceso a la tecnología para millones de argentinos.
Sin embargo, para la industria fueguina, que emplea a más de 7.000 personas en más de 20 plantas electrónicas de consumo, la apertura representa una amenaza existencial: “Significará la pérdida de más de la mitad de los puestos de trabajo en la industria fueguina”, advirtieron los gremios en un comunicado conjunto.
EL RÉGIMEN FUEGUINO, EN JAQUE
El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, vigente desde hace más de cuatro décadas y recientemente prorrogado hasta 2053, permitió el desarrollo de un polo tecnológico único en el país, especializado en la fabricación de celulares, televisores, aires acondicionados y autopartes electrónicas. Este esquema, basado en exenciones fiscales y arancelarias, ha sido históricamente defendido por el arco político y sindical local como motor de empleo, soberanía y desarrollo regional.
No obstante, la eliminación de aranceles pone en duda la viabilidad del régimen. Empresarios y trabajadores temen que la competencia de productos importados, mucho más baratos, derive en despidos masivos y cierre de fábricas. “La menor protección puede reducir algún empleo en la isla, pero el menor costo de la electrónica para 47 millones de argentinos implica un dinero ‘extra’ en el bolsillo que gastarán en otras cosas”, reconoció el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.
Reacciones: sindicatos y gobierno provincial
La reacción sindical fue inmediata y contundente. Oscar Martínez, referente de la UOM Río Grande, sostuvo: “Vamos a mostrarle al país que Tierra del Fuego tiene una firme decisión de defender lo que hemos conquistado con tanta lucha”. El paro del 21 de mayo será acompañado por actos y movilizaciones en toda la provincia.
El comunicado gremial fue especialmente crítico con el gobierno nacional, al que acusaron de “responder a una nueva concesión a las imposiciones del FMI, a cambio de un préstamo que le permite mantener en pie un plan económico insostenible”. Los sindicatos advirtieron sobre el riesgo de “la pérdida de más de la mitad de los puestos de trabajo” y denunciaron que “la fuerza del trabajo fueguino no será cómplice ni testigo resignado de tanto atropello”.
El gobernador Gustavo Melella también se pronunció en duros términos: “La determinación del Gobierno Nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares y reducir los impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados representa un golpe muy duro para la industria local”.
Melella vinculó la decisión a exigencias del FMI y defendió el régimen fueguino como “empleo, soberanía y desarrollo tecnológico de alta calidad que no existe en ninguna otra parte del país” Además, criticó la falta de diálogo y anticipó que la provincia “hará todo lo que esté a su alcance para revertir estas decisiones”.
El conflicto en Tierra del Fuego trasciende el plano local y reabre el debate sobre el modelo productivo argentino, la integración federal y el rol de los regímenes de promoción industrial. Mientras el gobierno nacional sostiene que la apertura comercial beneficiará al consumidor y reducirá la evasión y el contrabando, los actores provinciales advierten sobre el riesgo de desindustrialización, pérdida de empleo y concentración económica.
La pulseada entre Nación y provincia, sindicatos y empresarios, promete escalar en las próximas semanas, con el paro del 21 de mayo como primer hito de una lucha que, según los gremios, “no es solo por Tierra del Fuego, sino por el futuro de la industria nacional y el federalismo argentino”
