En el caso del monotributo, ahora el Gobierno se muestra dispuesto a establecer un aumento de 29,12% de las facturaciones máximas permitidas de cada categoría, incluyendo las más altas que, en función de la actividad realizada, son las que determinan el límite para poder estar en el sistema simplificado. El cambio regiría desde julio, el segundo mes del año en el que los contribuyentes deben hacer una recategorización. E implicaría desdoblar el reajuste del esquema que, según marca la ley, es de frecuencia anual y que sigue, como variable de actualización, el aumento dado a las jubilaciones del sistema de la Anses en el año previo.

Lo decidido hasta ahora, con respecto a los niveles de imposición sobre personas físicas, es una suba del salario bruto más bajo alcanzado por Ganancias –de $225.937 a $280.792- y un alivio para quienes tengan una remuneración mensual de hasta $324.000. Serán poco más de 100.000 personas las alcanzadas por esa medida, que entrará en vigencia el 1° de junio y que no tendrá impacto para más de 700.000 asalariados que pagan el tributo (para el cual no se actualizarán, como sí ocurre en enero de cada año, los valores de las escalas que definen cuánto se paga, según rangos de ingresos) y para los casi 390.000 autónomos, cuyos ingresos se ven alcanzados por la carga fiscal desde montos mucho más bajos que los de quienes están bajo relación de dependencia.

El reajuste del monotributo provocaría que la mayor facturación anual permitida en el caso de comercio suba de $4.662.015,87 a $6.019.594,89 y la de prestación de servicios, de $3.276.011,15 a $4.229.985,60. Según las reglas del sistema simplificado, quienes exceden un determinado monto de facturación deben “saltar” al más oneroso sistema genera, con inscripción en IVA y Ganancias y con el pago de aportes previsionales en el esquema de autónomos.

Y en este punto hay un dato no menor: cuando se hizo el reajuste del esquema previsto por ley, en enero de este año, por una decisión del Gobierno, las cifras topes de ingresos de las categorías más elevadas tuvieron una suba muy por debajo de la inflación, que en 2021 fue de 50,9%. El aumento con respecto a los valores que regían en enero de 2021 fue de 32,05% (actividades de comercio) y 39,18% (servicios).

Según establece una ley aprobada durante el gobierno macrista, desde 2018 los valores de la tabla del monotributo se reajustan automáticamente en cada enero, en el mismo porcentaje de incremento que tuvieron las jubilaciones y pensiones del sistema de la Anses en el año previo. Antes de esa normativa, si había una adaptación o no de las cifras y de cuánto era en todo caso el reajuste eran cuestiones que dependían de decisiones discrecionales y, de hecho, el kirchnerismo mantuvo durante mucho tiempo los valores sin actualización.

Si se hubiera seguido la regla indicada por la ley, en enero de este año todos los valores vigentes en enero de 2021 deberían haber subido 52,67%. Sin embargo, el año pasado la actualización se demoró y, ante las quejas de contadores y contribuyentes que hubo cuando se pretendió cobrar un alza del impuesto en forma retroactiva, se hizo una reforma legal que incluyó aumentos desiguales, según la categoría, de los ingresos máximos permitidos. Como la actualización por movilidad de este año se hizo sobre esa tabla reajustada de manera despareja, los importes de las facturaciones máximas tuvieron una suba insuficiente, lo cual incrementa el riesgo de tener que salir del sistema aún sin haber tenido una mejora real de los ingresos.

Ahora y según fuentes del Gobierno, funcionario del Ministerio de Economía y de la AFIP trabajan con legisladores del oficialismo para elaborar un proyecto de ley que disponga anticipar una parte de la actualización correspondiente a enero de 2023. El 29,12% es el reajuste acumulado que se aplicó a las jubilaciones en marzo y en junio (el tercer mes del año se dio un aumento nominal de 12,28%, mientras que el próximo mes se sumará otro 15%). Si ahora se concreta ese reajuste, el año próximo habría otro que tomaría en cuenta la movilidad jubilatoria de septiembre y diciembre de 2022.

Según trascendió por fuentes cercanas al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con la actualización de julio no se incrementarían los importes a pagar por los contribuyentes en concepto del componente impositivo y de los aportes a la jubilación y a la obra social. Sin embargo, el mecanismo de actualización automática prevé el reajuste de esos montos también.

Con la nueva tabla que se dispondría, en la categoría
A se permitiría una facturación anual de hasta $601.959,49 
B un ingreso tope de $894.804,65
C el valor máximo sería de $1.252.726,50
D de $1.724.532,59
E de $2.277.684,56.
El cuadro se completaría con los siguientes umbrales de facturación: categoría F: $2.847.105,70; G: $3.416.526,83; H: $4.229.985,60; I: $4.734.330,03; J: $5.425.770, y K: $6.019.594,89.

Con la recategorización del mes de julio, los contribuyentes ya deberían observar la cuantía de sus ingresos en los últimos doce meses y compararlos con esos nuevos valores (en caso de aprobarse el cambio, claro está), para definir en qué casillero deben estar ubicados dentro de la tabla.

El proyecto de la oposición

Desde la oposición, en tanto, la semana pasada se presentó un proyecto de ley que lleva la firma de Martín Tetaz (Evolución Radical – CABA) y de otros 32 diputados. Allí se busca establecer que la actualización de la tabla del monotributo se haga con frecuencia semestral, en enero y en julio de cada año, con carácter permanente, y no solo por el año actual. Eso evitaría las decisiones discrecionales de cada gobierno de turno con respecto al tema. Para este año, el efecto sería, también, un incremento de 29,12% de los valores en el mes de julio.

Además, el diputado presentó otra iniciativa, que se propone igualar a autónomos y asalariados en cuanto al tratamiento que se les da en el impuesto a las ganancias. Hoy, quienes están en el primer grupo pagan a partir de ingresos mucho más bajos que los empleados bajo relación de dependencia. La diferencia en el trato se amplió muy fuertemente con el cambio legal que promovió el Gobierno el año pasado. Actualmente, un autónomo paga a partir de un ingreso mensual promedio de $63.141, más allá de las deducciones por diferentes gastos que pueda aplicar para aliviar la carga (que, en muchos casos, tienen topes en pesos que están congelados desde hace dos décadas).

Hace más de un año, cuando se debatía el tema de Ganancias para asalariados en el Congreso, Massa había afirmado que “en paralelo” se estaba trabajando una ley para autónomos. Hasta ahora, sin embargo, no se conoció ninguna iniciativa del oficialismo para ese grupo de contribuyentes, que sí se ven alcanzados por las actualizaciones del impuesto que se hacen una vez por año, en enero (dado que así lo dispone la ley que rige desde 2018).

Con información de La Nación

¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!