Luna Park en jaque: aprobaron una polémica demolición pese a su estatus de Monumento Histórico Nacional
El mítico recinto, testigo de casi un siglo de historia cultural y deportiva, enfrenta una encrucijada que podría transformar para siempre su fisonomía y su significado social. La controversia refleja la compleja relación entre desarrollo urbano, intereses económicos y preservación del patrimonio, un debate que trasciende las fronteras porteñas y resuena en toda Argentina.
El Luna Park, inaugurado en 1932, es uno de los espacios culturales y deportivos más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Su estructura y fachada forman parte del patrimonio histórico nacional, protegido por la declaración oficial como Monumento Histórico Nacional y por el Código Urbanístico porteño, que establece un régimen de Protección Especial Edilicia. Esto implica que no se pueden modificar su volumen, fachada ni estructura básica.
Sin embargo, la empresa DF Entertainment, propiedad del empresario argentino Diego Finkelstein y con control mayoritario del gigante estadounidense Live Nation Entertainment Inc., presentó un proyecto que propone una intervención radical.
De acuerdo a lo que detalló La Nación, la intención de la empresara es demoler 16.421 metros cuadrados del interior del estadio y elevar la estructura desde los 17,5 metros actuales hasta 35 metros, casi duplicando su altura. La capacidad del estadio pasaría de 8.400 a 13.000 personas, con una superficie construida que se ampliaría a 34.234 metros cuadrados.
Este plan, que implica una transformación profunda del emblemático edificio, fue aprobado en una reunión virtual de la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos el 6 de enero de 2025, en un proceso que despertó múltiples críticas por su rapidez y falta de análisis técnicos. La comisión justificó la aprobación apelando a la necesidad de que el patrimonio sea “sustentable y habitable”, sin detallar los impactos del proyecto ni considerar alternativas.
LA CONSECIÓN Y LA POLÉMICA EN LA COMISIÓN NACIONAL
El origen del conflicto se remonta a la convocatoria realizada por el Arzobispado de Buenos Aires y la comunidad salesiana, dueños del Luna Park, para ceder la explotación del estadio por un plazo de 20 años, con opción a prórroga por otros 20.
El concurso privado, auditado por la consultora EY, recibió 10 propuestas, entre las cuales fue seleccionada la de DF Entertainment por ofrecer el canon más alto, basado en la proyección de un estadio ampliado, a pesar de que la normativa vigente prohíbe aumentar el volumen del edificio.
El contrato de concesión fue firmado el 16 de octubre de 2024, con un pago inicial de un millón de dólares y un canon anual mínimo igual durante toda la vigencia del contrato. La inversión inicial estimada para las obras es de 34 millones de dólares.
La Comisión Nacional de Monumentos aprobó el proyecto sin estudios técnicos ni evaluaciones reglamentarias, en una sesión en la que participaron la presidenta Mónica Capano, el vicepresidente Alberto Petrina y otros vocales. Entre ellos, el voto favorable de Juan Vacas, subsecretario de Paisaje Urbano de la Ciudad y funcionario del gobierno porteño, generó cuestionamientos por posibles conflictos de interés.
El acta oficial de la reunión sostiene que el patrimonio debe ser una construcción social y habitable, y que de lo contrario se convertiría en una pieza sacralizada alejada de la cotidianeidad. Sin embargo, omite mencionar que el Luna Park tuvo más de 80 espectáculos en 2023 y 2024 y que existieron otras propuestas para su modernización sin alterar la estructura.
CONTRADICCIONES LEGALES, RECHAZO SOCIAL Y EL ROL DEL VATICANO
El proyecto aprobado contraviene claramente el Código Urbanístico de la Ciudad, que prohíbe modificar el volumen y la estructura del Luna Park. En diciembre de 2024, la Secretaría de Desarrollo Urbano porteña había declarado que el proyecto “no podría llevarse a cabo” en su forma actual y exigió la presentación de nuevos planos. Sin embargo, el expediente ya fue ingresado formalmente en la Subsecretaría de Gestión Urbana, donde se evalúa su viabilidad.
Organizaciones civiles como Basta de Demoler y Fundación Ciudad presentaron pedidos de informes y alertaron sobre la posible violación de la normativa patrimonial, denunciando la falta de transparencia y la ausencia de respaldo técnico en la aprobación.
Por otro lado, el Arzobispado sostiene que aún espera la aprobación del Vaticano para validar el contrato de concesión. No obstante, documentos a los que accedió La Nación indican que el acuerdo ya fue firmado y solo resta el visto bueno final. Fuentes eclesiásticas informaron que la Santa Sede inició una investigación sobre la elección de la propuesta de DF Entertainment antes del fallecimiento del papa Francisco, lo que ha dejado el proceso en un limbo debido a la sede papal vacante.
En este contexto, el futuro del Luna Park parece encaminado a definirse en la Justicia, donde se evaluarán las contradicciones entre la protección patrimonial, la normativa urbanística y los intereses empresariales. La polémica pone en tensión la conservación del patrimonio histórico de Buenos Aires y plantea un desafío para las instituciones públicas y privadas en la defensa del legado cultural de la ciudad.
