El conflicto que involucra a trabajadores del sector de la salud privada de la Argentina tiene aristas no tan conocidas, más allá del reclamo de una recomposición salarial por parte del sindicato de la sanidad. Aunque desde las clínicas y sanatorios del país se reconoce la legitimidad de esa adecuación salarial, que apunta a una recomposición del 45 por ciento, se advierte que el conflicto es potenciado por decisiones del gobierno y de la obra social PAMI, que podrían confluir hacia el objetivo político de estatizar la caja que manejan las empresas de medicina pre paga, que administra el aporte de 6 millones de personas.
Al igual que meses atrás, el conflicto se origina por un retraso en la actualización del costo de las empresas de medicina de prepaga, lo que en aquella oportunidad terminó destrabándose con un incremento autorizado para los meses de marzo, abril y mayo. A su vez, las financiadoras reconocieron ese mayor costo a los prestadores (clínicas y sanatorios) y eso posibilitó otorgar la compensación salarial que había quedado pendiente de la paritaria 2020.
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En esta oportunidad, el problema tuvo una variación, según pudo establecer ADNSUR a través de fuentes del sector sanitario en ámbitos nacionales. Esto es así porque si bien la Superintendencia de Salud reconoció que aun existe, a raíz de la inflación, un retraso del 26 por ciento en el costo de las cuotas que abonan los afiliados de las prepagas, desde sectores políticos del gobierno nacional se negó habilitar ese incremento.
La segunda parte del problema se origina en la decisión del PAMI, la principal obra social del país, al no autorizar el reconocimiento del mayor costo en las prestaciones, por lo que al sumarse ambos elementos terminan por subir la presión sobre el conflicto.
“No hay una negativa a otorgar el aumento a los trabajadores de la salud, que además están afrontando todas las dificultades de la pandemia –se explicó desde el sector-, no hay una cuestión de negar el incremento salarial, sino de una imposibilidad a partir de este conjunto de decisiones del gobierno nacional, que parece apuntar al manejo de la caja de las empresas de medicina prepaga”.
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En ese contexto, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) advirtió recientemente que “si las obras sociales, las prepagas y PAMI no actualizan lo que nos pagan, nuestras instituciones se desfinancian día a día”.
En la actualidad el 70 por ciento de la atención se brinda en instituciones privadas, por lo que la FAPS manifestó que de continuar “esta política de desfinanciamiento, que no nos permite actualizar salarios y enfrentar otros gastos diarios, en el corto plazo muchas instituciones deberán cerrar sus puertas”.