La justicia continúa investigando a la hermana de un diputado de Chubut por presunta estafa millonaria en planes de vivienda
La Justicia investiga a Vanesa Fita, hermana del diputado Gustavo Fita, por una presunta estafa con viviendas que habría afectado a casi 600 personas. Según la fiscalía, fingía ser gestora de una cooperativa y usaba su vínculo político para ofrecer casas a cambio de adelantos de dinero. El perjuicio económico supera los 59.000.000 pesos.
La Justicia de la provincia de Chubut lleva adelante una investigación por una presunta estafa relacionada con viviendas, en la que está involucrada Vanesa Fita, hermana del legislador provincial de Unión por la Patria, Gustavo Fita.
El fiscal Martín Oscar Cárcamo presentó un pedido formal para iniciar una causa contra Vanesa Fita y otras cuatro personas, a quienes se les imputa el delito de “estafa por calidad simulada e influencia mentida sobre 594 hechos en concurso real”
La investigación sobre Fita comenzó tras recibir múltiples denuncias en su contra. Según los testimonios, entre abril de 2023 y febrero de 2024, habría fingido actuar como gestora y coordinadora de una cooperativa de viviendas.
Alegaba tener contactos con autoridades provinciales y ofrecía a distintos grupos la posibilidad de acceder a viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda, ya sean ya construidas o en proceso de construcción, sin contar con la autorización legal ni los medios necesarios para cumplir con esas promesas.
Qué dicen las denuncias
En las denuncias, se señaló que Vanesa utilizaba su vínculo con su hermano y diputado provincial Gustavo Fita para convencer a las personas de invertir un dinero inicial para embarcarse en el proyecto. En diálogo con TN, en el entorno del legislador negaron que tenga vinculación con los hechos denunciados.
TN pudo reconstruir que mediante contacto telefónico previo, mediantes tres celulares, Vanesa Fita les solicitó a las personas interesadas un depósito bancario por una suma de $100.000.
Suma que una vez acreditada se informaba mediante el recibo de pago y se las ingresaba a distintos grupos de WhatsApp donde se les requería información y se organizaban reuniones informativas.
Así, acorde a la investigación, Fita incorporó a la maniobra defraudatoria a las otras cuatro imputadas cuyo aporte consistió en mantener el ardid o engaño e ingresar nuevos adherentes.
De esta forma se llega al número de 594 casos, con un perjuicio económico de $59.400.000. El hecho se calificó momentáneamente como “estafa por calidad simulada e influencia mentida, 594 hechos en concurso real” en calidad de “autora” para Fita y de “partícipe necesarias” para las restantes cuatro imputadas: Lucía Miranda, Gisela Mansilla, María Curan y Camila Páez. Solicitando el plazo de Ley, 6 meses, para concluir con la investigación.
Fita habría prometido entregar viviendas recuperadas del Instituto Provincial de Viviendas y también casas vinculadas a proyectos de urbanización en terrenos fiscales.
Cárcamo analiza si el esquema podría encuadrarse como una asociación ilícita con fines de lucro. Tampoco se descarta la existencia de operaciones vinculadas al lavado de dinero.
Durante la apertura de la investigación, la defensa de Vanesa Fita se opuso al procedimiento al asegurar que “el relato carece de contenido” y que no está demostrado el elgaño. El fiscal resistió los planteos de los defensores y brindó argumentos en contrario que fueron compartidos por el juez, que finalmente autorizó la apertura de una investigación ante los elementos denunciados.
