RIO GRANDE (ADNSUR) - La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, solicitó este viernes por la tarde ampliar elementos de prueba para tomar una decisión en torno al recurso de amparo colectivo presentado por el intendente de esa localidad, Gustavo Melella, para que se anule la adjudicación de áreas off shore, que en las últimas horas fueron otorgadas por la Secretaría de Energía de la Nación.

Según explicaron fuentes judiciales de la ciudad fueguina ante la consulta de ADNSUR, la resolución de la jueza apunta a reunir los informes ofrecidos como prueba por los accionantes, para determinar si el decreto 872/18 –por el cual se llamó a licitación de las áreas- implica una vulneración a las leyes argentinas.

Entre éstas, se cuenta la ley 26.915/13, que prevé sanciones para empresas que intervengan en exploración o explotación de recursos naturales de las islas Malvinas, sin la previa autorización de las autoridades argentinas.

De este modo, se solicita también informes sobre los estudios de impacto ambiental realizados para la habilitación de la actividad hidrocarburífera, como también los antecedentes del trabajo realizado por la comisión evaluadora que tuvo a su cargo la selección de los adjudicatarios.

Además, se requiere al Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) que remita los informes elaborados en torno al proceso licitatorio. Se trata del instituto de investigación que tuvo a su cargo la divulgación de algunos aspectos controvertidos de la licitación, en la que se adjudicó licencias de exploración a una empresa que ya realizó exploraciones en Malvinas, lo que sería violatorio de los derechos soberanos de nuestro país.  

Mediante la adjudicación de áreas off shore, la Secretaría de Energía de la Nación apunta a recaudar más de 700 millones de dólares, como resultante de la venta de las licencias a favor de 13 concesionarias.

Una vez que se obtenga la información requerida, para lo que se otorgó un plazo de 3 días desde recibido los correspondientes oficios, la jueza correrá vista al fiscal para que éste se expida, a través de un dictamen no vinculante, tras lo cual se conocerá el fallo de la magistrada.