RAWSON (ADNSUR) - El titular de ATECh, Santiago Goodman, confirmó que se reunieron este miércoles con la ministra de Educación Florencia Perata y le interpusieron un recurso administrativo que suspende la aplicación de la resolución de los cargos docentes. “Si un acto del Estado es recurrido y no queda firme, permanece suspendido”, aseguró. Además, advirtió que los afectados podrían ser más de 1000 agentes de la Educación, algunos en situación de riesgo sanitario. No descartan medidas judiciales para una próxima etapa.

En marzo, al comenzar la pandemia, el ministerio de Educación dictó una norma transitoria y excepcional que daba continuidad a los suplentes pero –luego de 6 meses y ante la emergencia económica- el organismo dispuso el cese de esa resolución e informó la cobertura de vacantes a través de las áreas de Designaciones.

El Ministerio de Educación dispuso dejar sin efecto a través de la resolución 168, a partir del 15 de septiembre, la resolución Nº 51. Dicha norma que se dictó -con carácter excepcional y transitorio- establecía la continuidad laboral de los docentes que se encontraban al 15 de marzo cumpliendo funciones como suplentes, reemplazantes y provisorios.

Sin embarg, luego de 6 meses y dada la cantidad de reintegros de docentes titulares o interinos que estaban de licencia (con o sin goce de haberes), la situación llevó a incurrir al Ministerio de Educación “en una doble y en algunos casos triple erogación de fondos por un mismo cargo, generando un gasto excesivo muy difícil de afrontar”, según argumentaron desde la cartera educativa.

Por eso durante la mañana de este miércoles, dirigentes gremiales mantuvieron una reunión con la ministra de Educación Florencia Perata por este tema. A la salida del encuentro, Goodman expresó “nos convocamos en las delegaciones administrativas de toda la provincia junto con SADOP, SITRAED, AMET con quienes presentamos un ‘recurso administrativo’ para la Resolución 168. Le dimos todos los fundamentos legales, técnicos, políticos y desechamos el fundamento económico porque el volumen de dinero no es relevante ni tiene una importante gravitación presupuestaria. Hasta tanto no se resuelva ese recurso, está suspendida la aplicación de esta resolución. Vamos a agotar la vía administrativa y nos vamos a presentar ante la Justicia”.

La ministra afirmó que –a lo sumo- podrá mejorar esta decisión pero –en ningún momento- va a volver atrás en la continuidad laboral y salarial de la resolución 51 que estaba vigente. Nosotros rechazamos esta posición y le discutimos la falacia de las supuestas pocas personas afectadas. En un momento, ella dijo que ‘a esta hora, serían 600 personas que se quedarían sin sus salarios’. Ayer había dicho que eran alrededor de 320 agentes de la Educación. Hoy mismo nos confesó que el relevamiento continúa con nuevos datos. Es decir, se hizo una norma sin saber el universo al que esa norma iba a damnificar y sigue creciendo. Digo esto porque parecemos mentirosos cuando dijimos que son más de 1000 trabajadores afectados que se quedan sin salarios. No hay garantías porque las otras resoluciones 169 y 170 vuelven a otorgar al Departamento de Designaciones para otorgar el trabajo que tendrán que –a su vez- ser autorizados por la Subsecretaría de Educación”, sentenció.

“El Gobernador habla en defensa del empleo público y su ministra de Educación hace lo contrario”

“El problema de los decretos pone un marco de obligatoriedad para el empleo privado y para el Estado Nacional. Luego invita a las provincias y a los Poderes Legislativo y Judicial de adherirse a la norma. Pero no los obliga. El Gobernador se jacta de hablar en la ‘defensa del empleo público’ y que ‘no se va a echar a nadie’ y su ministra de Educación hace lo contrario al firmar una resolución que deja a miles sin salarios ni trabajo. Todo eso en una provincia en la que cobramos con 2 meses de retraso y que ha manoseado a los trabajadores estatales y al que le presentamos lucha de forma constante” disparó el dirigente gremial.

“Es una decisión unilateral porque si ella visualizó las problemáticas sobre licencias y los docentes que se reintegraron en el medio de la pandemia, lo podríamos haber evaluado en conjunto. Nosotros no tenemos problemas en sentarnos a discutir sobre esos temas. Pero esta resolución es una decisión a espaldas de los trabajadores” denunció.

“Hay compañeros que cesan en sus funciones y están en los grupos de riesgo del Covid”

“Hasta tanto ellos respondan el recurso, esta resolución está suspendida. Ellos tienen la obligación de responder el recurso porque es la ‘técnica administrativa’ correspondiente para estos casos. Cumplimos con los plazos de presentación y -hasta que no nos respondan- la norma está suspendida. El ministerio tiene 3 días para responder el ‘recurso de reconsideración’ y -5 días más- para responder el jerárquico. Si un acto del Estado es recurrido y no queda firme, permanece suspendido. Les pedimos a los compañeros que no informen nada hasta tanto esté resuelta esta cuestión. Si un juez otorga la medida cautelar, se suspendería la aplicación de la norma con un mayor rango hasta tanto el amparo se resuelva. No hay garantías porque no estamos en plenitud de la norma. Todavía rigen los decretos del aislamiento social por los cuales no hay clases presenciales. Una persona no está con los usos y costumbres habituales. Hay compañeros que cesan en sus funciones y están dentro de los grupos de riesgo del Covid y eso agrava muchísimo esa problemática” concluyó Goodman.