COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Hace dos años María Weterhofen y su esposo, Ambrosio Silva, estallaban de felicidad al poder tener un vehículo 0 Kilómetro, luego que le robaron y le prendieron fuego otro que habían comprado dos años antes.

El seguro de la unidad había servido para poder licitar un auto nuevo y así volver tener movilidad. Sin embargo, nunca imaginaron que la cuota cercana a los 4000 pesos que pagaban al ser adjudicados se iba a disparar a los 20.000, es decir casi el mismo monto de la jubilación del hombre.

María y Ambrosio integran un grupo de cuatro personas que ahora le podrán poner un freno a ese aumento brutal que se produjo en los últimos meses, tras las elecciones, en virtud de que los magistrados Natalia Venter y Manuel Pis Diez, de los juzgados Civil y Comercial 1 y 2, respectivamente, dieron lugar a una medida cautelar presentada por los abogados Rocío Dojorti y Marcos Vera.

María y su esposo nunca imaginaron cuando retiraron el auto que compraron que la cuota iba a aumentar casi un 500%.
María y su esposo nunca imaginaron cuando retiraron el auto que compraron que la cuota iba a aumentar casi un 500%.

En los argumentos, los abogados indicaron que se violó la figura de contrato de mandato, tal como explicó Dorjorti a ADNSUR. “La gente lo que hace al adquirir un plan, sin saberlo normalmente, es firmar un contrato de mandato, es decir que elige a una empresa para que negocie con una fabrica la adquisición de un bien, en este caso un vehículo. Entonces esta concesionaria lo que tendría que haber hecho es que su representado tenga una buena representación y negociar las pautas de contratación con la fábrica y esto es lo que no sucedió”, indicó la letrada.

La abogada entiende que las concesionarias, en vez de cuidar los intereses de sus representados, aceptan las imposiciones de las fábricas, entre ellas los aumentos. “No generan el vínculo que por contrato han asumido. Las fabricas le dicen a las concesionarias que tiene que aumentar 200.000 pesos y aumentan, y como mínimo deberían haber consultado a su cliente, reunir a los 84 participantes de ese grupo y preguntarles si estaban de acuerdo, si lo podían asumir, porque la gente en muchos casos podría haber dicho ‘no, no podemos pagar ese valor’ y podrían haberse retirado. En ese caso no tendrían la sanción de perder lo que han pagado o tener el riesgo de perder el vehículo, como sucede en muchos casos”, explicó.

Bajo estos argumentos, en diciembre los abogados presentaron una medida cautelar por al menos cuatros casos, ya que las demandas son individuales. En la misma se pidió que los clientes realicen “pagos equivalentes al 60% del valor de la cota emitida por la administradora del plan”.

Los jueces comodorenses fallaron a favor de los damnificados, beneficiando también al resto de los 83 integrantes de los grupos de adjudicatarios. Es que se debe recordar que al momento de inscribirse en un plan de este tipo cada cliente integra un grupo de 84 personas, mismo número de cuotas por las que se divide el plan.

De esta forma, aquellas personas que no iniciaron acciones judiciales, pero integran el grupo de los que sí lo hicieron y tuvieron el fallo a favor, también se verán beneficiados con la medida.

Los abogados Roció Dojorti y Marcos Vera fueron quienes presentaron la medida cautelar para cuatro clientes.
Los abogados Roció Dojorti y Marcos Vera fueron quienes presentaron la medida cautelar para cuatro clientes.

SEIS CONCESIONARIAS SERÁN NOTIFICADAS

Según se confirmó, los casos varían según el vehículo. María, por ejemplo, adquirió un Fiat Cronos. Mientras que otro damnificado compró un Jeep y terminó pagando casi 40.000 pesos, cuando en un principio el valor de la cuota más gastos administrativos rondaba los 20.000, informaron desde el estudio de abogados.

Ante esta situación muchos adjudicatarios se vieron en la obligación de vender sus vehículos a valores exorbitantes, ya que los costos se incrementaron por la suba del dólar. Otros en cambio resisten como pueden, con ayuda de familiares y con gastos reducidos.

La medida cautelar estaría vigente hasta que finalice el proceso sumario que se inició en paralelo y que podría tener resolución recién en dos años. El mismo solicita:

1- La resolución del contrato de mandato.

2- Que se calcule el resto de deuda con la tasa de interés del Banco Nación y no con el valor del vehículo fijado en dólares.

3- El reintegro de los gastos de administración, en virtud que no se cumplió el contrato de mandato firmado.

4- Una indemnización por daños punitivos.

5- Que se condene solidariamente al fabricante y a la concesionaria para que se garantice el derecho de cobro de los beneficiados.

Por el momento, el proceso de sumario se encuentra en trámite y próximo a ser notificado a las representantes que Jeep, Volkswagen, Renault, Fiat, Chevrolet y Ford tienen en la ciudad.  Mientras que el edicto de la medida cautelar será publicado esta semana, no sólo en el Boletín Oficial, sino también en los diarios y por primera vez en un medio digital: ADNSUR.

Una vez que sea notificado, teniendo en cuenta que la medida fue aprobada en diciembre, se pediría que se ejecute retroactivo a enero. De esta forma, se pondría un freno a este brutal incremento.

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