Fijan fecha para el juicio por las vacunas robadas en Comodoro: 24 imputados y una enfermera con pena de cárcel efectiva
Entre los 24 imputados se encuentra Jorge Taboada, titular del sindicato y de la obra social. La más complicada en el caso es la enfermera Analía Muñoz, que afronta una perspectiva de pena de prisión de cumplimiento efectivo.
A más de cuatro años de los hechos ocurridos en enero de 2021, cuya investigación exclusiva fue de ADNSUR, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia fijó las fechas del juicio oral y público por la desaparición de 30 dosis de vacunas contra el COVID-19 en el Hospital Regional, que según la acusación fueron sustraídas por una enfermera para colocarlas indebidamente a afiliados de la obra social de camioneros.
Las audiencias se llevarán a cabo los días 21, 22, 29 y 30 de mayo, con un total de 24 personas en el banquillo de los acusados.
El tribunal estará presidido por la jueza Ana María D’Alessio, e integrado por los vocales Enrique Baronetto y Alejandro Cabral, integrantes del Tribunal Oral Federal, que finalmente deberá encargarse de las actuaciones, según dispuso recientemente la Cámara Nacional de Casación Penal.
LOS HECHOS INVESTIGADOS
La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 8 de febrero de 2021 por Miryam Monasterolo, entonces directora del Área Programática Sur, tras detectar la sustracción de 30 dosis de vacunas Sputnik V del vacunatorio del Hospital Regional.
La investigación determinó que las dosis fueron sustraídas para ser aplicadas indebidamente a personas ajenas a los grupos prioritarios definidos por la normativa sanitaria vigente, en plena emergencia mundial por la pandemia.
IMPUTACIONES Y DELITOS: UNA ENFERMERA ES LA MÁS COMPLICADA
Los imputados llegan a juicio con diferentes cargos, de acuerdo con su grado de participación en los hechos. El caso más grave es el de la enfermera Analía Muñoz, a quien se le imputa hurto y cohecho pasivo, es decir, haber recibido dinero para sustraer y aplicar las vacunas. Estos delitos prevén penas de entre 1 mes y 2 años de prisión y de 1 a 6 años, respectivamente.
Otro acusado, Marcos Paura, integrante del Sindicato de Camioneros, enfrenta cargos por cohecho activo, por haber acordado el pago de \$15.000 a Muñoz y a otra enfermera para la aplicación indebida de las vacunas. En este caso, la perspectiva de pena en caso de comprobrarse el delito imputado es de entre 1 mes y 6 años de prisión.
ENCUBRIMIENTO: LA MAYORÍA DE LOS IMPUTADOS
La mayor parte de los 24 imputados —incluido el líder sindical Jorge Taboada, secretario general del gremio y la obra social de Camioneros— enfrenta cargos por encubrimiento simple’, una figura penal que sanciona a quien “adquiriere, recibiere u ocultare cosas provenientes de un delito”.
Este tipo de delito, previsto por el artículo 277 del Código Penal, contempla penas de 6 meses a 3 años de prisión, es decir que en caso de condena, podrían resultar de cumplimiento condicional.
Los imputados de esta figura habrían recibido las vacunas a sabiendas de su origen ilícito, sin formar parte del personal de salud ni pertenecer a los grupos prioritarios definidos por el plan nacional, que en esos momentos exigía que se vacunara específicamente a grupos de riesgos, encabezados por personas mayores de 60 años y con enfermedades de riesgo.
En esta figura delictual también se encuadra la imputación contra abogada, identificada como Gabriela Torres, que trabajaba junto a Muñoz en el hospital y habría contribuido para ocultar las vacunas y la aplicación posterior en la obra social, a cambio de un rédito económico, según se desprende de la elevación a juicio tras la investigación que llevaron adelante la jueza Eva Parcio y el fiscal Norberto Bellver.
UN PROCESO CON DEMORAS Y DEFINICIÓN CLAVE
El proceso judicial acumuló demoras tras la declaración de incompetencia del Tribunal Oral Federal en junio de 2023, decisión que fue apelada por el fiscal Teodoro Nürnberg. Finalmente, la Cámara de Casación Penal revocó la decisión y ordenó que el juicio se realice en el fuero federal, con celeridad.
En su resolución del 3 de abril de 2025, el juez Juan Carlos Gemignani subrayó la importancia de evitar nuevas dilaciones: “El juicio deberá realizarse con la premura que el caso amerita”, advirtió, remarcando que ya transcurrieron más de cuatro años desde los hechos.
Aunque el tiempo transcurrido ha atenuado el impacto público, el caso generó en su momento una fuerte reacción social, al tratarse de un desvío de recursos sanitarios en plena pandemia. Las audiencias de mayo podrían aportar claridad sobre las responsabilidades individuales y permitir una respuesta institucional ante un hecho de corrupción sanitaria que se repitió en distintos puntos del país durante la primera etapa de vacunación contra el COVID-19, con el recordado caso del ‘vacunatorio vip’ del ex ministro Ginés Gonzáles García.
