COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de Chubut, Gustavo Monesterolo, cuestionó que las obras complementarias para los parques eólicos conocidos como “Loma Blanca”, que entre 2016 y 2017 pertenecieron a empresas de la familia Macri, serán pagadas por todos los usuarios patagónicos, a partir de la creación de un cargo especial, de 4 dólares por MegaWatts producido. Buscan anular una resolución nacional que posibilitó esa transferencia de costos.
A mediados de mayo, se realizó un audiencia pública para ampliar la capacidad de transporte de los parques eólicos Loma Blanca I, II y III, ubicados entre Trelew y Puerto Madryn. Además de cuestionar que la instancia fue convocada “cuando ya está hecho el 90% de las obras”, el Ente Regulador rechazó, junto a la Municipalidad de Puerto Madryn y Servicios Públicos de Santa Cruz, que el costo de las mismas será afrontado por los usuarios de la región patagónica, cuando en realidad debe ser afrontado por las empresas que explotan los recursos eólicos.
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“Se ha creado un cargo de 4 dólares por Mw producido, que se transfiere a los usuarios de la Patagonia, para afrontar el costo de una obra que debió ser afrontado por Genneia y la empresa china, Goldwind”, explicó Monesterolo, en diálogo con Actualidad 2.0.
“Es un hecho grave para nosotros, porque es un traslado de costos que deberían contemplar en la inversión empresarial, en lugar de trasladarse a los usuarios –expresó el titular del Ente-. En Chubut, en lugar de recibir un beneficio por ser grandes generadores de energía eólica, nos vemos perjudicados, lo cual roza lo ridículo”.
Dicho traslado de costos fue posible gracias a una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, identificada con el número 202. Por eso se evalúa la presentación de recurso judicial, para que se declare la inconstitucionalidad de dicha norma.
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Vinculación con la familia de Macri
Otro elemento advertido por el titular del Ente fue la vinculación de los proyectos, hasta hace algún tiempo, con la familia presidencial: “Estos parques fueron propiedad, durante alrededor de 2 años, de la familia del presidente Macri, por lo que durante un lapso recibieron una serie de beneficios, que les permitió venderlos a un precio mucho mayor del que los habían comprado. Por esto también hay una denuncia penal”, indicó.
La referencia está basada en lo que han informado medios nacionales, como Perfil y Página 12, que dieron cuenta de que un total de 6 proyectos eólicos (de los cuales 5 se encuentran en Chubut) fueron adquiridos por empresas del grupo Macri a la española Isolux –a través de un contador que creó firmas para tal finalidad- en 25 millones de dólares, para revenderlos luego en alrededor de 90 millones de dólares, sin haber pasado por procesos de licitación, ya que los contratos fueron adjudicados por la misma resolución 202 de la S.E. Dicho pase de manos y las ganancias embolsadas son investigados por el juez federal Marcelo Martínez Di Gorgi.
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“Hubo una marcada predisposición de la Secretaría de Energía por favorecer esos emprendimientos”, señaló por su parte Monesterolo, cuestionando que “los usuarios patagónicos deben hacerse cargo de un costo de obras que serán aprovechadas por privados”.
Audiencia pública por el nodo Comodoro Rivadavia
Monesterolo estimó que el Ente también se presentará en la próxima audiencia pública por la obra del nodo de interconexión Comodoro Rivadavia, para vincular el parque eólico Manantiales Behr con el sistema Interconectado Nacional. Sin embargo, aclaró que por la información que disponen en este caso no se generaría el mismo efecto perjudicial para los usuarios:
“El financiamiento de la obra es diferente, por lo que pudimos establecer”, detalló, ya que según se anticipó desde esferas nacionales, esa obra es financiada por el Estado nacional y está contemplada en el presupuesto 2019. “Hay diferencias importantes y nosotros celebramos esta obra –añadió-, además se contempla la salida de energía hacia la ciudad, algo que no se contempló en Puerto Madryn, como hemos cuestionado en la audiencia pública anterior”.