Argentina posee una ley de discapacidad sancionada en 1981, N° 22.431, que instituyó el denominado “sistema de protección integral de las personas discapacitadas”, una normativa que da cuenta de una concepción de la discapacidad de anclaje eminentemente médico, proteccionista, asistencialista, que entiende a la persona con discapacidad solo como sujeto de cuidado y no como sujeto de derecho; que anula el reconocimiento de la persona como actor social y la limita a ser receptora de acciones de contención diferenciales y segregacionistas.
Este año se debate desde la Agencia Nacional de Discapacidad una nueva ley, con otro enfoque.
“Entre ellos, perspectiva de género, calificación de una persona con discapacidad muy distinta a la que tenía. Lo que permite esta conformación de la ley es que haya una consulta federal, para que se puedan hacer los aportes, para que luego el Congreso dicte una nueva ley dejando atrás nuevos conceptos que en Argentina y en el mundo no van más, que tiene que ver con ver a la persona con discapacidad como un objeto, y no es así, las personas con discapacidad son sujetos de derechos, es el perfil humano que aporta el año 2022 sino la convenciones de derechos humanos y convenciones de discapacidad que la ley anterior no lo tiene contemplado”, explicó Martín Galíndez.
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La ley humaniza y jerarquiza a las personas con discapacidad. Eso es lo que busca, lo novedoso es que se genera la posibilidad de que las personas sean oídas, como las instituciones al momento de dictar una nueva ley, esto es importante porque no se tiene en cuenta a las personas con discapacidad por el poder político.
“Un ejemplo de esto es el de la accesibilidad, si bien hay normativa que establece su inclusión urbana, está lleno de edificios que es inaccesible para la personas con discapacidad motriz, seguramente ese será un tema en la ley”, indicó.
“Por un lado están los nuevos contenidos de la ley de discapacidad, pero en la etapa en la que estamos es importante convocar a las personas, a las familias, a las universidades e instituciones, todas las que quieran hacer su aporte para constituir una nueva ley”, remarcó el abogado.
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El 8 de abril se dictó el decreto, para coordinar los momentos y los ámbitos para participar, será en audiencias públicas que se realiza en forma presencial a la Patagonia se la sitúa en Neuquén y la primera audiencia será el 2 y 3 de mayo en la ciudad de Neuquén, así de distribuyen las distintas audiencias hasta el cierre de la consulta federal que será el 25 de mayo.
Una vez que se cierre la consulta federal, se lleva todo lo que se trabajó desde la consulta al congreso desde Agencia Nacional de Discapacidad.
VIVIR LA DISCAPACIDAD Y CONTARLA
“Las personas con discapacidad tienen que conocerse desde su vivencia, por eso son importantes las audiencias que están reguladas, pero no son vinculantes. Esto significa que los resultados no serán la ley, pero las conclusiones de las audiencias tienen que formar parte de la ley, así lo dice la regulación”
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Los ítems desde donde se puede abordar la propuesta son educación, trabajo, salud, protección social, accesibilidad, participación política, vida autónoma y cualquier eje temario que las personas piensen que hacen a las personas con discapacidad.
“Para ser una ley federal y real, se necesita la participación de las personas con discapacidad y asociaciones, para que ellos acerquen lo relevante que debería tener la ley”
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