La Ley I-620, que introdujo el canon por cajón de langostino, fue objeto de una serie de controversias desde el origen de la norma, que inicialmente fue impulsada por el ex diputado Alfredo Di Filippo y que fuera vetada por el Poder Ejecutivo, aunque la posterior insistencia de la Legislatura, con una mayoría especial, logró ponerla en vigencia.

Aquí, tres claves del conflicto:

1- Qué dice la ley

Cuando el gobernador Arcioni promulgó la norma, ante la insistencia de Legislatura, en agosto del año 2019, introdujo una modificación para reducir el costo a pagar por los buques radicados en la provincia, aunque igualmente la medida es rechazada por todo el sector.

El artículo segundo de la mencionada norma dispone que el fondo creado con fines de preservación del recurso, “estará conformado por un arancel aplicado a cada cajón de langostinos desembarcado en cada localidad portuaria de la Provincia, cuyo monto será equivalente en pesos al valor de un litro de diesel Premium YPF. Los cajones y/o cajas descargados por barcos con permiso de pesca otorgado por la Provincia de Chubut pagarán el cincuenta por ciento (50%) de dicho canon tomando en cuenta el acta de descarga y/o parte de pesca”, precisa en la parte resolutiva la norma promulgada por el Gobierno provincial.

2- Por qué lo rechazan las empresas

Las cámaras empresarias se han opuesto a la aplicación de la norma desde el inicio, por considerar que se trata de una doble imposición. En la actividad rige un canon de pesca, equivalente al 2% sobre el valor de cada kilogramo de langostino capturado, por lo que desde el inicio rechazaron la nueva norma. Consideran además que es violatoria de la ley Federal de Pesca, porque entre los fundamentos del canon se establecen medidas vinculadas a la preservación y recomposición del recurso, algo que corresponde a la jurisdicción nacional y es estipulado a través de las definiciones de política pesquera que resuelve el Consejo Federal Pesquero, con representación de todas las provincias.

Los armadores intentaron trasladar parte del costo a los marineros, cuyos salarios se integran con un porcentaje del valor de las capturas, lo que fue rechazado por los gremios del sector. Muchos recuerdan el origen de la norma y le atribuyen un espíritu “revanchista”, ya que se creó luego de que se rechazara el otorgamiento de 4 permisos de pesca a empresarios cercanos a legisladores de la gestión anterior, por lo que en su momento se denunció como “un intento de negociado”.

El nudo del conflicto en Chubut: qué dice la polémica ley de pesca que vetó Arcioni y que los diputados insistieron para darle vigencia

3- Los montos en danza

El problema que se genera es de carácter económico, aún cuando prosperara una iniciativa que hay en el bloque oficialista para dejar sin efecto la ley. Por cada embarcación de la flota amarilla, representaría una erogación de 80.000 dólares anuales, mientras que la aplicación retroactiva, hasta agosto de 2019, llevaría a triplicar esa cifra y quedaría una deuda por saldar, aún cuando se acordara dejar de cobrar hacia delante.

Hasta ahora el canon no se estuvo cobrando por algunas medidas cautelares interpuestas por distintas empresas que habían obtenido, en esa instancia provisoria, resoluciones favorables para suspender la aplicación, pero una reciente resolución de la Fiscalía de Estado puso nuevamente al cobro dicho canon, mientras que la Secretaría de Pesca advirtió que no se podrá operar sin antes poner al día la deuda, es decir el pago de los últimos 3 años. Como el total asciende a varios millones de dólares, los municipios costeros también han expresado su interés en que se ponga en vigencia la recaudación, ya que les corresponde la mitad de lo que se obtenga. 

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