CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El Gobierno de Alberto Fernández aprobó este martes un protocolo que busca asistir a las familias que estén en proceso de desalojo de viviendas en alquiler. La medida se tomó luego de que no se prorrogara la medida de congelamiento de alquileres que surgió durante la pandemia y que, entre sus medidas, prohibía los desalojos.
La resolución 5/2021, publicada este martes en el Boletín Oficial, crea el "Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales" , y tiene por objetivo brindar asistencia a aquellas familias que incumplieron con sus obligaciones, a raíz de la crisis económica que el año pasado profundizó la pandemia de coronavirus Covid-19, y se encuentran en proceso de desalojo.
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La resolución sostiene que para para sistematizar información y caracterizar los hogares que se encuentren atravesando procesos de desalojo en instancia de mediación o judicial; se desarrollará un "Registro que permita la identificación de la persona, familia o grupo conviviente y proponer convenios de colaboración y asistencia a los fines de establecer marcos de actuación que propendan a evitar situaciones de vulneración de derechos humanos fundamentales".
El nuevo protocolo prevé también "la firma de convenios que permitan establecer porcentajes de viviendas en stock o en construcción que puedan ser utilizadas” con ese propósito y se tendrá en cuenta para la adjudicación “la posibilidad de acceso a la vivienda a través de compra, comodato, alquiler con opción a compra u otras formas, a determinar de acuerdo a la disponibilidad de unidades y las capacidades socio-económicas de los hogares”.
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Para definir a qué personas se ayudará primero, se contemplan “mecanismos de priorización de acuerdo a la disponibilidad y grado de vulnerabilidad de las personas o familias que se pretenden proteger”.
Entre los grupos que serán tomados como prioridad se encuentran las familias monoparentales y monoparentales; las personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad; las víctimas de violencia de género; los discapacitados, y quienes están en extrema pobreza y/o indigencia, según publica Minuto Uno.