COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/EL ANÁLISIS DE LA NOTICIA) - Con un déficit fiscal de 800 millones de pesos por mes y la necesidad urgente de conseguir una cantidad similar de manos del gobierno nacional para afrontar el pago de aguinaldos, el gobernador Mariano Arcioni afronta horas de suma tensión, considerando el hecho de que la propuesta presentada para dar un aumento de emergencia fue rechazada por los gremios estatales.

Con edificios públicos tomados por una postura gremial intransigente, fue el propio mandatario provincial quien salió a plantear que hay intereses políticos para desestabilizar a su gobierno, acaso sumando un grado mayor de incertidumbre a un contexto que de por sí resulta de alta complejidad.

Cierto es que con los indicadores actuales de la economía provincial, las exigencias planteadas por los gremios estatales resultan casi imposibles de cumplir: con un nivel de endeudamiento que impide contar con la totalidad de los ingresos y sin avizorar grandes incrementos de recursos en lo inmediato, salvo por una tibia recuperación petrolera cuyos efectos podrían vislumbrarse hacia la parte final del año, lo que ocurra en las próximas semanas dependerá de la asistencia financiera de Nación.

En ese plano, los objetivos son modestos. El subsecretario de Coordinación Financiera, Luis Tarrío, confirmó en las últimas horas que este miércoles viajará a Buenos Aires en busca de una asistencia por 800 millones de pesos, que le permitan a la provincia afrontar el pago de aguinaldos. Con los sueldos pagados en 3 escalones diferenciados por nivel de ingresos, desde hace 60 días se hicieron los primeros intentos por obtener fondos a través de ATN que hasta hoy no tuvieron resultado concreto.

En su pulseada con los gremios, el gobierno de Arcioni había ofrecido un aumento de emergencia de 3.000 pesos en 3 cuotas para los sectores de la administración pública que perciben hasta 30.000 pesos, además de establecer un mínimo de 11.500 pesos para trabajadores contratados y la apertura de paritarias recién para el mes de octubre. Sobre la mesa puso también la anulación de decretos que buscaban racionalizar el gasto del Estado, lo que terminó fracasando por la resistencia gremial y volviendo al punto de partida, luego de que con la adhesión al pacto fiscal buscara mostrar al gobierno nacional un accionar tendiente a achicar el déficit: ni la provincia pudo avanzar en lo primero, ni la nación compensó los desvelos por aprobar aquel pacto, ya que los recursos frescos nunca llegaron en la magnitud que se anunciaba previamente, salvo el corrimiento temporal de algunos vencimientos de deuda.

Con una deuda externa acumulada en torno a los 1.000 millones de dólares, la situación financiera de la provincia es asfixiante, mientras que los vencimientos mensuales implican una reducción de casi la mitad de los ingresos por regalías petroleras, que se descuentan automáticamente al ejecutarse la garantía frente a aquellos endeudamientos externos, tomados sucesivamente en 2010, 2013 y 2016.

Por su parte también, un sector radicalizado de la dirigencia gremial parece dispuesta a jugar a fondo, sin medir las graves consecuencias institucionales que podrían desatarse, apuntando a cumplir desde la conducción sindical y desde el sesgo ideológico las metas que no se pudieron plasmar en términos político partidarios. Frente a un gobierno debilitado por obvias razones (desde los planos político, económico y judicial), tirar más de la cuerda sólo garantiza resultados que podrían paralizar lo poco que queda en marcha.

En ese escenario, sería irresponsable no atreverse a prever hasta qué punto podría empeorar el fuego de los varios focos de incendio, si el gobierno nacional no da una señal clara para aportar fondos que permitan hacer frente al pago de aguinaldos.