El Gobierno avanza en el desmantelamiento del Procrear: ¿Qué implica la nueva resolución?
El Gobierno avanza en la etapa operativa del cierre del fondo fiduciario que administraba créditos y tierras fiscales, con medidas para regularizar bienes y garantizar la cobranza a través de un banco conocido.
El Gobierno nacional avanzó este lunes 9 de junio de 2025 con la etapa operativa para el cierre definitivo del Fondo Fiduciario Público Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), creado en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Esta decisión se formalizó mediante la Resolución 764/2025, publicada en el Boletín Oficial, que establece las directrices para desmantelar el esquema fiduciario que administraba los créditos y bienes del programa, tras su disolución formal en noviembre de 2024 por el Decreto 1018/2024.
El Procrear fue una política pública orientada a fomentar el acceso a la vivienda propia mediante créditos hipotecarios subsidiados, financiados principalmente con fondos de la ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Su operatoria se basaba en un fideicomiso administrado por el Banco Hipotecario, que gestionaba tanto los préstamos como las tierras fiscales urbanizadas por el Estado.
Sin embargo, un informe de la Sindicatura General de la Nación detectó múltiples irregularidades, como demoras en la entrega de viviendas, gastos excesivos y problemas de habitabilidad, lo que motivó la decisión gubernamental de disolver el fondo fiduciario y avanzar hacia su cierre definitivo.
LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LA NUEVA RESOLUCIÓN DEL PROCREAR
La resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, encomienda a la Secretaría de Obras Públicas la adopción de todas las medidas necesarias para administrar y disponer eficientemente los bienes muebles e inmuebles comprometidos en el fideicomiso disuelto
Esto incluye la regularización dominial y la transferencia de inmuebles a provincias, municipios, organismos estatales e institutos de vivienda, previa intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Por otro lado, se aprueba además un modelo de Contrato de Mandato para la Gestión de Créditos Individuales, que el Ministerio de Economía firmará con el Banco Hipotecario. Este contrato garantiza que la entidad bancaria continuará gestionando los créditos otorgados bajo las mismas condiciones de retribución establecidas en el contrato fiduciario original del 18 de julio de 2012, asegurando la continuidad de la cobranza y administración financiera hasta la liquidación total de los préstamos.
Respecto a los inmuebles que no estén afectados a contratos de obra vigentes, la resolución establece que serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mediante convenios con el Banco Hipotecario y la Secretaría de Obras Públicas. Además, la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial queda facultada para instruir al Banco Hipotecario a transferir los fondos recaudados por la cobranza de créditos a la cuenta del Tesoro Nacional, descontando honorarios y gastos operativos. También se autoriza la venta de carteras de créditos con bajo rendimiento de cobranza, inferior al 40%.
Finalmente, la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía será responsable de gestionar todas las causas judiciales en las que esté involucrado el extinto fideicomiso, representando al Estado Nacional.
Con esta resolución, el Gobierno busca cerrar definitivamente un capítulo de políticas públicas que, aunque inicialmente concebido para facilitar el acceso a la vivienda, enfrentó múltiples dificultades operativas y críticas. La continuidad en la gestión de los créditos a través del Banco Hipotecario garantiza que los beneficiarios actuales puedan seguir cumpliendo con sus obligaciones y mantener la estabilidad de sus viviendas. Por otro lado, la redistribución o venta de los bienes inmuebles permitirá optimizar el patrimonio estatal y evitar la acumulación de activos ociosos.
Este proceso se enmarca en una política más amplia del Ejecutivo para revisar, sanear y disolver fondos fiduciarios públicos que no cumplieron con sus objetivos o presentaron problemas de gestión, buscando mayor eficiencia y transparencia en el manejo de recursos públicos.
