COMODORO RIVADAVIA (Por Raúl Figueroa / Especial para ADNSUR) -  Algunos datos del consumo y la economía de Comodoro Rivadavia parecen un contrasentido. Sobre todo, si se toma en cuenta que ha bajado compra de alimentos en general, particularmente en lo que refiere a carnes, pero se elevó el consumo de alcohol a niveles que hoy superan los 500.000 litros mensuales. Si además se piensa que la devaluación acelera su paso y los precios de la canasta básica, en la que se incluyen comestibles y tarifas, suben a un ritmo muy superior a los de los ingresos, en el marco de una espiral inflacionaria que amenaza convertirse en la peor desde 1991, entonces la contradicción parece más bien una tormenta perfecta.

No hay exageración en el cuadro arriba descripto. La baja de ingreso de alimentos a la ciudad surge del registro de las tasas de Abasto y fueron divulgados recientemente en una entrevista de ADNSUR por el subsecretario del área, Daniel Campillay: la llegada de alimentos a la ciudad, a consecuencia de una menor demanda, en un 20% de un mes a otro, un fenómeno que se ha notado en alimentos (carnes, pollo, verdura) y especialmente en lo que parece hoy un objeto de lujo, como es la carne con hueso.

Paralelamente, los ingresos de alcohol en la ciudad vienen creciendo en modo sostenido desde julio, estimándose en la actualidad una cifra superior al medio millón de litros por mes. Conviene no caer en juicios apresurados o temerarios, como para plantear que “la gente deja de comer para dedicarse a beber”, pero acaso estos datos encierran algunos indicadores para entender la profundidad del impacto de la crisis de la economía nacional en nuestra ciudad.

MENOS CARNE, MÁS ALCOHOL

Si se combinan esas estadísticas con las 450 altas de nuevas bocas de comercio, muchas de ellas vinculadas al rubro de cervezas artesanales, aparece un indicador que puede reflejar parte de la metamorfosis económica y social, sobre todo si se suma otro indicador aportado por el funcionario: muchos de esos rubros comerciales aparecieron al ritmo de indemnizaciones por despidos o retiros laborales, muchos de ellos vinculados al petróleo o rubros conexos. Si en los 90 post privatización de YPF fueron los kioscos multi-rubro y licencias de taxis, hoy podrían aflorar estas nuevas modalidades comerciales (a las que pueden sumarse los food-truck, por ejemplo).

Alguna vez se planteó desde este espacio si, ante el volumen de indemnizaciones que se avizoraba que empezaría a aparecer durante la crisis petrolera, no era conveniente pensar (desde ámbitos con capacidad de decisión política y económica) sistemas de apalancamiento financiero para, con esos mismos fondos, generar una renta mensual al trabajador damnificado pero, paralelamente, pensar proyectos de reconversión productiva.

La respuesta, obviamente negativa, está a la vista. Sólo cabe esperar que los resultados esta vez sean mejores a los de aquella experiencia, que terminó estallando como burbuja luego de que la capacidad de consumo del resto de la sociedad se vio superada por el exceso de oferta y la recesión de fines de la década.

CAMINAR SOBRE EL ALAMBRE

Precisamente, si hoy una rueda de la economía local sigue girando, ya se sabe, es por la recuperación del precio del petróleo y un grado de actividad que explica que en muchas franjas sociales la crisis no haya impactado tan directamente.

Por lo demás, entender por qué baja el consumo de alimentos  no es muy complejo. Los mismos datos oficiales del INDEC lo muestran con claridad. Más allá de los porcentajes que siempre pueden mover a confusión, el 24,9% acumulado entre enero y agosto en la Patagonia puede medirse mejor al repasar que un kg de carne picada valía a principios de año alrededor de 90 pesos, pero hoy no baja de 150; cualquier ejemplo en cuanto a suba impactante de precios puede ser válido para frutas y verduras, cuya baja de consumo y el reemplazo por harinas y grasas provoca problemas nutricionales serios en la población de chicos y adolescentes, según estudios realizados por la Unidad y la atención pediátrica hospitalaria, con problemas de obesidad y riesgos serios para la salud.

Los porcentajes dejan su aparente frialdad si se piensa que en los primeros días del año un litro de nafta súper se pagaba a $18,75, pero en la actualidad cuesta $29,13: sólo en ese rubro, proyectable a los demás combustibles, hay un 55% de incremento en 9 meses.

Lo saben también los vecinos, que por ejemplo pueden comparar una factura de electricidad que hoy supera los 10.000 pesos –en aquellos barrios que carecen de gas natural, que siguen siendo muchos en la capital nacional del petróleo-, cuando el año pasado frente al mismo período el costo fue inferior a la mitad. O incluso la propia SCPL, que en octubre deberá pagar una factura de 126 millones de pesos, cuando hasta el mes pasado era de 9, en una escalada que no se detiene desde febrero de 2016, cuando pagaba 8 millones de pesos por mes.

En todos los casos, los mayores gastos deben afrontarse con ingresos que quedan muy por debajo de aquella escalada de precios.

En este contexto, empezar a discutir adelantamiento de elecciones en base a cálculos mezquinos, puede ser una señal de absoluta desconexión con la realidad, que la clase política local y provincial debería hacerse a sí misma el favor de evitar.

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