Ocho años después y gracias al patrocinio de la Defensoría General de la Nación (DGN), la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo determinó en octubre pasado que las compañías denunciadas deberían contratar mujeres hasta alcanzar el 30% de conductoras en su planta de choferes "para compensar las ilegítimas desigualdades detectadas en materia de acceso de las mujeres al empleo como choferes de colectivo".
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La Resolución 1/2019 del Boletín Oficial hizo oficial el registro bajo la órbita de la Dirección de Protección e Igualdad Laboral, en el ámbito de la Comisión tripartita para la igualdad de oportunidades (CTIO), para "asegurar la igualdad real de oportunidades de las mujeres para acceder a los puestos de conductoras del sistema de transporte público de pasajeros".
Las empresas deberán presentar anualmente ante la Dirección de Protección e Igualdad Laboral una constancia certificada expedida por AFIP en la que quede asentado el personal contratado en cada período.
