CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó este miércoles un proyecto que sanciona los actos discriminatorios y de hostigamiento contra el personal de las áreas de la Salud, la Seguridad y la Justicia que trabajan en contacto con pacientes con coronavirus.
La iniciativa surge luego de que médicos, enfermeros, policías y otros trabajadores esenciales fueran agredidos por vecinos, que sostenían que podían contagiarlos de COVID-19.
"La discriminación que sufre personal de la salud, policial y judicial, en razón de estar en contacto con pacientes infectados del mencionado virus, injuria gravemente su dignidad y evidencia la falta de solidaridad ciudadana por parte de quienes, en lugar de reconocer la grandeza con la que aquellos enfrentan esta dura realidad, los ofenden y aíslan socialmente por esa mera circunstancia", dice el proyecto que entró en debate en la Legislatura.
Quieren actualizar las multas a los barcos extranjeros que pescan ilegalmente en el mar
En las últimas semanas se dieron a conocer diversos casos en los que médicos, farmacéuticos y enfermeras fueron discriminados por sus vecinos. Entre ellos hubo quienes se encontraron con carteles en los que les pedían que se fueran de los edificios en donde viven por miedo a que estuvieran infectados. En tanto, otros recibieron todo tipo de insultos e incluso amenazas.
Ante las mencionadas situaciones, el proyecto del Gobierno porteño propone aplicar multas de hasta $17.000 o penas de hasta diez días de trabajo de utilidad pública a quien discrimine a personas que hayan "tomado contacto durante el desempeño de su función laboral con personas infectadas o casos denominados sospechosos de alguna enfermedad infecto contagiosa, o por cualquier otra circunstancia que implique exclusión, restricción o menoscabo a la inclusión".
Coronavirus: hay 11 policías aislados en Rada Tilly por tener contacto con un caso sospechoso
Para hacerlo, buscan modificar el actual Código, que penaliza la discriminación por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social y económica.
Además, impulsa que los mencionados casos también sean considerados como agravantes a las contravenciones que castigan las conductas de hostigamiento, maltrato e intimidación.