El Gobierno de la Provincia del Neuquén ejecutó en los últimos días dos nuevas cesantías en el marco de su política de “Tolerancia Cero” frente al ausentismo y la falsificación de documentación en el ámbito estatal. Los casos involucran a una trabajadora del Ente Provincial de Termas y a un suboficial de la Policía que presentó certificados médicos apócrifos.

Ambos fueron desvinculados tras sumarios administrativos que confirmaron graves incumplimientos de sus deberes laborales. En el caso del policía, además, se presentó una denuncia penal que ya se tramita en la Justicia.

Inasistencias sin justificar en el área de turismo

La primera desvinculación es la de Carla Mariela Meneses, empleada de planta permanente del Ente Provincial de Termas del Neuquén (E.Pro.Te.N.), dependiente del Ministerio de Turismo. La agente fue sancionada con cesantía luego de que se comprobara que no asistió a trabajar entre el 9 de febrero y el 30 de mayo de 2023, sin justificar debidamente sus faltas.

Aunque intentó presentar certificados médicos el 27 de julio de 2023, lo hizo fuera de los plazos legales, y los documentos no fueron considerados válidos. Según consta en el expediente, el perjuicio fiscal y el incumplimiento de sus deberes llevaron a la cesantía definitiva de la trabajadora.

Un policía imputado por certificados médicos falsos 

El segundo caso es el de Edgar Cristian Ariel Pavón, ex cabo del cuerpo de seguridad de la Policía del Neuquén, quien presentó siete certificados médicos falsos entre 2022 y 2023, según notificó la división Carpetas Médicas. Los sellos fueron denunciados como apócrifos por los mismos profesionales de la salud cuyos nombres figuraban en los documentos.

Tras una investigación interna, la Jefatura de Policía solicitó su cesantía el 30 de octubre de 2024, la cual se concretó este mes. Además, el agente fue denunciado penalmente por falsedad en documento, causa que quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

Un gobierno con mano firme ante el incumplimiento

Ambos casos reflejan la línea de acción que sostiene la gestión de Rolando Figueroa en cuanto al control de la administración pública. Desde su asunción, se han ejecutado cesantías a trabajadores que no cumplen con sus obligaciones o presentan documentación fraudulenta.

El Ejecutivo considera que estas prácticas no solo violan las normas legales y laborales, sino que generan un perjuicio fiscal importante y dañan la imagen del empleo público. En los decretos de cesantía se deja asentado que la falta de responsabilidad de los empleados afecta la eficiencia estatal y exige sanciones ejemplares.

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