El nuevo consenso busca adoptar políticas tributarias armónicas entre el gobierno nacional y las provincias. En 2017, cuando el gobierno de Mauricio Macri impulsó un pacto con las provincias, se apuntó a una reducción paulatina de impuestos. Por entonces, la tónica apuntaba a una merma progresiva, pero ese instrumento quedó suspendido en diciembre de 2019, días después de la asunción de Alberto Fernández.
La nueva propuesta apunta al sentido contrario, con una suba de alícuotas de Ingresos Brutos, particularmente sobre algunas actividades productivas que el esquema anterior apuntaba a dejar exentas desde el año 2022. La diferencia en este caso es que para Chubut no tendría mayor incidencia, ya que el cobro de ese impuesto está en manos de los municipios, quienes sin embargo podrían tomar como referencia las nuevas alícuotas.
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Impuesto a la recepción de bienes cedidos de padres a hijos
El consenso fiscal establece que las provincias “procurarán legislar un impuesto a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito, como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza”.
Esto incluye por ejemplo a viviendas cedidas por padres a hijos o a otros familiares, donaciones, legados o cualquier transmisión de bienes que implique un enriquecimiento patrimonial de forma gratuita.
“En lo que hace a Ingresos Brutos no tendría injerencia para nosotros, pero el impuesto a la herencia es algo que se va a analizar, no hay precisiones todavía”, explicaron desde ámbitos de Economía de Chubut, ante la consulta de ADNSUR, tras la reciente adhesión al “Consenso”.
La referencia que hoy toman los gobiernos provinciales es la provincia de Buenos Aires, donde el impuesto a la herencia comenzó a aplicarse en el año 2011, cuando Silvina Batakis era ministra de Economía de esa provincia. Se trata de la misma funcionaria que hoy, desde la Secretaría de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, ha promovido que las jurisdicciones provinciales evalúen la creación de ese mismo impuesto.
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En esa provincia, rige un sistema que deja exenta a la vivienda que un padre o una madre cede a sus hijos, ya sea en vida o posterior a su muerte, siempre que el inmueble no supere un valor que hoy está establecido en alrededor de 1,3 millón de pesos. Sin embargo, la alícuota comienza a crecer a medida que supera ese momento, mientras que también se incrementa a medida que el grado de parentesco se aleja (por ejemplo, es mayor si la cesión beneficia a un sobrino).
El año pasado, según un informe de El Cronista, la agencia de recaudación de Buenos Aires obtuvo por esa vía alrededor de 1.200 millones de pesos, lo que en realidad refleja una baja incidencia del impuesto, para una provincia cuya recaudación asciende a los 640.000 millones de pesos por año.