A través de un comunicado firmado por los contadores públicos Oscar Farías, Jorge José Nieto y Carlos Bravo, los profesionales contables advierten que se está cercenando su derecho a participar. Con esa finalidad, plantearon el relato de la situación, que se remonta a un año atrás: 

“Luego de haber cumplimentado con todos los requisitos que exige la Ley X Nº 04 (antes Ley Nº1181) del Digesto Jurídico de la Provincia del Chubut y su Decreto Reglamentario Nº 837/75, al momento de intentar oficializar la lista para las elecciones de septiembre/2021, ésta fue rechazada por las autoridades (las cuales vale nuevamente mencionar que resultan casi coincidentes con la Lista Celeste) invocando la Resolución 1329/2015 del Consejo Profesional que estipula más requisitos a los exigidos por la Ley Electoral”. 

“Tal situación –denuncian los contadores- resulta no solo ilógica, sino que ilegal e inconstitucional por ser la Ley antes mencionada única y superior norma en la materia, solo pudiendo ser reglamentada por el decreto creado a su efecto; sin que exista posibilidad de que una norma inferior, como un Acta o Resolución, la modifique y tergiverse”. 

Como ejemplo de dicha “arbitrariedad”, agregan que se introdujeron a través de distintas resoluciones nuevos requisitos para integrar la lista, como la elevación de la cantidad de años en el ejercicio de la profesión, o la exigencia de integrar algún cargo en el actual consejo directivo para acceder al derecho a participar en una lista. 

“En efecto toda persona que no fuera parte de una comisión anterior se encontraba vedada, no solo quienes suscriben la presente sino incluyendo ridículamente en esto a los nuevos matriculados e incluso aquellas futuras generaciones”, añade la nota. Amparo judicial por el derecho a participar Ante esa situación, el grupo de contadores de la lista violeta presentó un recurso de amparo para denunciar la inconstitucionalidad de las resoluciones que les bloquearon el derecho a participar. 

“Ya desde el inicio del proceso judicial, el Consejo Directivo tomó una estrategia dilatoria caracterizada por los más disparatados planteos”, añaden en su relato. Tras una extensa secuencia de planteos judiciales, que terminaron dando la razón a los reclamantes, con una sentencia definitiva que declaró la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas, la justicia también ordenó anular las elecciones que, pese al planteo judicial había llevado adelante consejo directivo para reelegir a sus integrantes.

De ese modo, la sentencia 0040/22 ordena que se oficialice la lista violeta y se realicen nuevas elecciones. Sin embargo, pese a que una apelación posterior del consejo también ratificó la sentencia anterior, el litigio continúa: “El Consejo siguió insistiendo sin fundamento a efectos de no cumplir con la sentencia de la jueza de primera instancia, y presentó un recurso extraordinario/casación, caracterizado por la falta total de fundamento e incumplimiento de todo requisito formal”, añaden los contadores opositores. Sin embargo, tras ser nuevamente rechazado el planteo de la conducción actual del consejo directivo, “consiguió lo que tanto quería desde el principio: que el expediente fuera a Rawson”. 

Esto lo hicieron a través de una “queja de recurso denegado ante el Superior Tribunal de Justicia, algo totalmente absurdo ya que por lo que se indicó anteriormente fue bien denegado”. Paralelamente, la jueza que dictó sentencia en primera instancia intimó al Consejo Directivo del Colegio de Cs.Económicas para que cumpliera la sentencia y convocara a elecciones, bajo apercibimiento de aplicarles una multa diaria de 50.000 pesos. 

“Ante estas presentaciones, por más raro que parezca, se convocó a dos audiencias a los fines de conciliar, manteniendo nuevamente su ilegal postura la contraparte, por lo cual lógicamente no se arribó a acuerdo”, señalan los contadores. 

En concreto, hoy siguen a la espera de que el Superior Tribunal de Justicia deniegue el Recurso de Queja “como le sucede a todo hijo de buen vecino cuando no hace bien las cosas” y se cumpla con la sentencia. También aclaran que si bien el Consejo convocó a elecciones nuevamente, para evitar el pago de las multas diarias, lo hizo manteniendo “su ilegal postura, dictando una nueva resolución en la que incluye otros requisitos a los establecidos por ley y que no fueran impuestos anteriormente”. 

“Claramente no quieren oficializar nuestra lista, por lo que de continuar con estas vulneraciones lógicamente derivará en otro conflicto judicial por el capricho de las actuales autoridades, y donde la postura del Consejo Directivo será vencida nuevamente porque se aparta abiertamente de la ley”, concluyen.

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