Condena de Cristina Fernández: marcharán en el Alto Valle tras el fallo de la Corte
Organizaciones políticas y sindicales convocaron a movilizaciones este martes 10 de junio en Neuquén capital y General Roca, en repudio al fallo que condena a Cristina Kirchner. Denuncian un intento de proscripción.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara la condena a Cristina Fernández de Kirchner, comenzaron a organizarse manifestaciones en distintas ciudades del país, incluyendo Neuquén capital y General Roca, en defensa de la exmandataria y en repudio a lo que diversos sectores consideran un fallo de carácter político.
La convocatoria en Neuquén está impulsada por el Partido Justicialista provincial y el gremio docente ATEN, entre otras organizaciones sociales y sindicales. El punto de encuentro será este martes 10 a las 18:30 en el monumento a San Martín, donde se espera la participación de militantes, referentes políticos y ciudadanos.
Las consignas son directas: “No pudieron matarla y no podrán callarla. Defendemos la democracia y la independencia del poder judicial”. Los organizadores sostienen que el proceso judicial en la Causa Vialidad estuvo viciado y fue utilizado como instrumento de persecución política.
Convocatoria urgente en General Roca
En General Roca, la movilización fue difundida por redes sociales y cadenas de WhatsApp, bajo el lema: “La sentencia a la compañera Cristina Fernández de Kirchner es un grave atentado a la democracia”. La concentración será en calle Tucumán y Avenida Roca, también a las 18:30 horas, en simultáneo con la marcha en la capital neuquina.
Desde distintos sectores del peronismo local señalaron que esta condena tiene un claro objetivo de proscripción y se inscribe en una estrategia más amplia de desarticulación de los liderazgos populares. Para los convocantes, el fallo no responde a criterios de justicia, sino a una operación política avalada por los sectores más duros del actual oficialismo nacional.
Una condena que genera tensión política
La Corte Suprema, en un fallo unánime, confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta agravada. Aunque fue absuelta del delito de asociación ilícita, la sentencia fue interpretada por el kirchnerismo como un intento deliberado de proscripción política.
En el fallo, el máximo tribunal consideró que existió un esquema de direccionamiento de obras públicas a favor del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se analizó, entre otros elementos, el Decreto 54/2009, señalado como parte de la maniobra.
