El Gobierno Nacional dispuso este lunes la derogación de 69 normas que regulaban precios y abastecimiento al considerar que “obstaculizaban” las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían “un rol intervencionista” del Estado.

Según explicó el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, el objetivo de la medida es “desburocratizar la gestión, simplificar el flujo de información desde la sociedad hacia el Estado, eliminar superposiciones y reiteraciones que se detectaron en las normas y promover las adecuaciones necesarias”.

En la lista de normas que alcanza la derogación se encuentran leyes como la de abastecimiento, de góndolas y del observatorio de precios. También incluye al Sifire, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el Sipre, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante el gobierno anterior.

Colegios privados podrán aumentar sus cuotas sin previo análisis y autorización

“Ambos sistemas generaban un dispendio de recursos humanos y tecnológicos tanto al Estado como a las empresas con información que en el pasado fue utilizada como herramienta de presión sobre las empresas para lograr adhesión a los programas que promovía la gestión anterior”, esgrimieron.

Se derogaron además regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados, así como también se dispuso la derogación de toda norma complementaria del programa Precios Justos, que finalizó el 8 de diciembre de 2023. “Estas herramientas solo sirvieron para distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas en nuestro país”, insistieron.

Asimismo, se impulsó la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, apuntando a que ese tipo de políticas sea impulsada por los gobiernos provinciales.

Colegios privados podrán aumentar sus cuotas sin previo análisis y autorización

Libre aumentos en escuelas privadas

El Ejecutivo derogó las normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada, por lo que estas podrán disponer de incrementos en los aranceles sin previo análisis y autorización de la Secretaría. También se dio de baja la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidad vendidas, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los consumidores.

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