RAWSON (ADNSUR) – El titular de ATE, Guillermo Quiroga, remarcó que “no nos oponíamos al censo sino al modo en que se encaminó porque se exigió al trabajador y en caso de que no realizaran el censo no iban a percibir el salario e incluso podrían ser despedidos. En ese sentido, fijamos una postura clara sobre los motivos que afectaban que los trabajadores pudieran completar los datos requeridos, ya sea por desconocimiento o barreras tecnológicas”. Indicó que “el juez se declaró incompetente. Antes de ayer los 9 gremios que acompañamos este escrito volvimos a exigir al juez que se expida y presentamos un recurso de apelación ante la Cámara. Tenemos que esperar qué deciden estas instancias pero la cuestión de fondo no se ha resuelto”.

Al respecto, sostuvo que “hicimos la presentación en la justicia y los recursos de amparo los resuelve el juez de primera instancia. Al Superior Tribunal de Justicia uno tiene que ir cuando hay cuestiones institucionales o que tienen que ver con la inconstitucional de una norma pero no pedíamos la inconstitucionalidad del decreto sino que planteamos las consecuencias para los trabajadores”. Y sostuvo que “al considerar un daño potencial, creímos que correspondía una medida cautelar ya que ayer culminó la fecha”.

“Otra presentación similar ante un juez de Esquel, pidió la información para ver si cuestionábamos total o parcial el decreto”, detalló.

IPV DEJARÍA DE SER UNA ENTIDAD AUTÁRQUICA

En otro orden, Quiroga informó que “fuimos a ver a Marcial Paz porque fue el único que se mostró como interlocutor para con los gremios ante situaciones conflictivas. Ha sido el ministro más político del gabinete. Ante el conflicto del IPV por la llamada refuncionalización del Estado y dado que el 31 de marzo vence el informe que debe presentar cada ministro sobre qué áreas se van a achicar; surgió información extraoficial, borradores de la eliminación de cargos de carrera”.

“El IPV dejaría de ser una entidad autárquica y pasaría a ser de otro organismo. Ante esto y al no haber una autoridad designada por el Gobierno, nos reunimos con Marcial Paz y nos transmitió la tranquilidad. Quedamos en que acercaríamos un escrito para que nos aclaren si realmente va a haber una pérdida de derecho de los trabajadores. Oralmente nos manifestó que no pero queremos por escrito”, afirmó.

Y anunció que “se decidió licitar el contralor médico se han mandado a hacer carta documento a trabajadores para que se presenten a trabajar en el ministerio de Educación. Las cartas ya no corren más pero lo cierto es que van produciéndose y lo más probable es que haya situaciones similares”. De modo que “nos preocupa mucho que se habló de la estructura del Estado pero sobre cargos políticos no escuchamos mucho”.

Finalmente, sostuvo que “vemos cuestiones que no podemos comprender sobre porqué hay trabajadores que no cobran sus salarios. Ya pedimos paritarias y el propio gobernador hace unos 20 días hablo de una paritaria pero hoy la emergencia del gobierno para por la Ley de emergencia, Pacto Fiscal y minería”.

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