La audiencia preliminar que iba a realizarse en la mañana del pasado jueves quedó suspendida, según explicó el abogado Guillermo Iglesias, que representa a González en la causa. “Se postergó porque había posibilidad de acuerdo entre algunos imputados y las víctimas, por lo que nos dimos un tiempo para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo”, explicó.
Iglesias aclaró que no está impulsando una posible suspensión de juicio a prueba para su defendido, ya que tal como anticipó hoy el fiscal Héctor Iturrioz en diálogo con ADNSUR, la posibilidad de la reparación económica hacia los particulares que entregaron dinero es para algunos imputados que tienen una responsabilidad menor.
“Nosotros en esta causa hemos cuestionado la incorporación de un grupo de personas como víctimas –aclaró el defensor, en diálogo con Actualidad 2.0-, porque la imputación es que González y otros exigían plata a cambio de entregar una vivienda a un grupo de alrededor de 250 personas. Lo que nosotros decimos es que ellos no son víctimas, sino que en todo caso hay co-delincuencia, porque esto es cohecho activo y pasivo. El fiscal lo interpreta como una exigencia de los funcionarios, pero nosotros sostenemos que había un pacto venal entre los aspirantes a una vivienda que sabían que de ningún modo la podían tener”.
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Iglesias fue terminante: “En ningún caso se puede pensar que iban a acceder a una vivienda en Comodoro Rivadavia por 300.000 pesos, cuando en algunos casos ya tenían casa. Los requisitos del Fonavi son claros. Y no tenía posibilidad de asignarles una vivienda en el futuro, porque no tenía posibilidad de decidir sobre eso”.
Para el abogado, quienes pagaban sabían que incurrían en una irregularidad. “Nosotros hemos controvertido la calificación, para mí hubo un delito de tráfico de influencia, e incluso sin que haga falta de que el funcionario resuelva. Sólo se necesita que el autor pida dinero con la promesa de influir sobre el funcionario para que le den la casa. Y si no, hay un pacto entre víctima y victimario, pero el funcionario no era el encargado de ejecutar la resolución de entrega de vivienda. En el cohecho hay una promesa a futuro, en lugar de la exigencia que plantea el fiscal”.
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Desde esa perspectiva, Iglesias planteó que el Estado no ha sido perjudicado, ya que no se entregó ninguna vivienda, a diferencia de otro juicio por corrupción en el IPV que se resolvió años atrás. “Es probable que el juez no nos haga lugar y le permita al fiscal llegar como lo está planteando, pero seguiremos insistiendo en este planteo”, advirtió.
Emergencia climática
Por otro lado, Iglesias también se refirió a su rol como defensor de Abel Boyero, ex secretario de Infraestructura del municipio, en la causa por presunta defraudación al municipio durante la emergencia climática, en la que sostiene que su defendido debe ser absuelto.
Para Iglesias, quien resolvía los pagos desde Infraestructura no tenía posibilidad de cotejar la documentación presentada con los trabajos efectivamente realizados, porque no competía ese control a su función, sino a quienes estaban directamente en el terreno verificando la realización de las tareas. Por eso confió en que cuando se reanude la audiencia preliminar, Boyero será también sobreseído en el caso.
