Causa "Emergencia Climática" de Comodoro: el fiscal Olazábal confirmó que el caso está en su tramo final y espera el fallo del Superior Tribunal
Si la corte provincial confirma la sentencia, los imputados deberían volver a prisión para cumplir la condena, anticipó.
El fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, explicó que el expediente se encuentra en la etapa de revisión final por parte del máximo tribunal de la provincia. Además, detalló avances en la investigación por el transporte público y destacó la implementación de un sistema de condenas rápidas para delitos flagrantes.
Confirmó que la causa por presuntas irregularidades en el manejo de fondos durante la emergencia climática de 2017 se encuentra en su "tramo final", a la espera del pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.
En diálogo con Actualidad 2.0, el funcionario judicial explicó que las condenas dictadas en primera y segunda instancia fueron apeladas por las defensas, que ahora esperan una resolución del máximo órgano judicial de la provincia.
“El Superior Tribunal debe resolver si ratifica o no las condenas ya impuestas. Nosotros contestamos el recurso extraordinario en marzo y rechazamos esos planteos. Ahora ya no depende de la fiscalía local, sino de la Procuración General y del fiscal de impugnación”, explicó Olazábal.
El fiscal también señaló que, de confirmarse las penas, los condenados deberían empezar a cumplirlas de manera efectiva, ya que actualmente están bajo medidas sustitutivas, pero no en prisión domiciliaria.
“Optamos por no convalidar ese beneficio porque, en caso de confirmarse las penas, esos días iban a contarse como parte del cumplimiento. Y eso desnaturaliza la sanción penal”, aclaró. De este modo, si la sentencia es confirmada, los ex funcionarios y empresarios involucrados deberán empezar a cumplirla desde cero, por el tiempo dispuesto, que alcanza los 5 años de prisión para los imputados más comprometidos.
La causa por la emergencia climática de 2017 investigó el presunto uso indebido de fondos públicos destinados a obras urgentes tras el desastre natural que afectó a gran parte de la ciudad. En el juicio, se había condenado a funcionarios y exfuncionarios municipales por delitos contra la administración pública.
Investigación por el sistema de transporte público: "hay mucha información, pero hay que ser muy cautos"
Consultado sobre el avance de la causa impulsada por la denuncia del concejal Omar Lattanzio, referida a supuestas irregularidades en el sistema de subsidios al transporte público, Olazábal confirmó que la investigación sigue en etapa preliminar.
El fiscal indicó que se trabaja en conjunto con la doctora Andrea Rubio, analizando documentación administrativa y los procedimientos utilizados por el Municipio para aprobar tarifas y transferencias. “Si se quiere sostener la hipótesis de una estafa, hay que acreditar que existió un ardid que provocó un error en la administración, y que eso derivó en un perjuicio económico. Pero en este caso los controles pasan por varios filtros: Concejo Deliberante, Intendencia, asesoría letrada, ente de control, tribunal de cuentas”, detalló.
Y advirtió: “si no hubo error, tendríamos que sospechar que toda la estructura municipal actuó en connivencia. Y eso implica un análisis muy fino. Por eso pedimos cautela, porque el Derecho Penal es la última ratio. Primero hay que agotar el estudio técnico-administrativo”.
Récord de audiencias y condenas por delitos flagrantes
Por otro lado, Olazábal presentó un balance del primer semestre judicial en Comodoro Rivadavia, que registró 1.795 audiencias penales. “Comodoro siempre tuvo un volumen muy alto, pero este año mejoramos significativamente en el número de condenas firmes. Logramos más de 100 condenas en seis meses��, remarcó.
Entre las principales novedades, destacó la puesta en marcha del equipo de flagrancia y respuesta rápida, operativo desde marzo. Gracias a esta unidad, que actúa en delitos cometidos en flagrancia (es decir, sorprendidos en el momento del hecho) se obtuvieron 33 condenas en menos de tres meses, cuando antes esos procesos podían tardar hasta dos años.
“Esto nos permitió romper con la famosa ‘puerta giratoria’ en casos de delitos menores, como robos o daños contra la propiedad. Hoy la Justicia actúa rápido y los responsables tienen una condena firme en cuestión de semanas”, explicó.
Además, otro foco del trabajo penal estuvo puesto en la agencia especializada en violencia de género y delitos sexuales, que concentró al menos el 25% de las condenas del semestre. “Ese sector tiene 3 fiscales generales y 9 funcionarios, y ha dado muy buenas respuestas en causas por violencia familiar y agresiones sexuales”, indicó.
