Camiones tiraron pescado podrido en una ruta de Santa Cruz y salió a la luz una grave acusación
En las últimas horas, y a través de las redes sociales, se viralizaron imágenes de maquinaria privada arrojando pescado en descomposición, lo que generó alarma ambiental y una investigación oficial.
Puerto Deseado atraviesa un recrudecimiento del conflicto entre los empleados municipales y el Ejecutivo local, que mantiene tomadas varias dependencias, incluido el vaciadero municipal, en reclamo de mejores condiciones laborales y salariales.
En este contexto, se denunció una grave situación ambiental: maquinaria privada, presuntamente contratada por el municipio, descargó residuos de pescado en estado de descomposición sobre la ruta y frente al vaciadero, lo que generó repudio y preocupación por el manejo de los desechos.
El concejal Mateo Brunetti, del bloque Unión por la Patria, publicó en sus redes sociales: “He venido junto a la concejala Ana María Parejas a constatar que han arrojado pescado podrido adrede en la ruta. ¿A qué están jugando? ¿Qué piensan hacer al respecto? Una vergüenza. He solicitado a nuestro bloque en Diputados que requiera un informe a Ambiente de la Provincia, y me encuentro en comunicación con el Juzgado Municipal de Faltas”.
Estas acciones se suman a la tensión social que se vive en la localidad, donde los municipales denuncian descuentos arbitrarios en sus sueldos y una paritaria insuficiente, mientras mantienen una protesta pacífica en el Corralón Municipal y otras dependencias.
La Policía recorrió las instalaciones municipales en un clima de creciente conflicto, mientras se aguarda una reunión de conciliación obligatoria prevista para el próximo lunes, en la que se espera avanzar hacia una solución.
Por su parte, los trabajadores nucleados en ATE insisten en que las medidas de fuerza continuarán hasta que se respeten sus derechos y se reviertan los descuentos salariales, que consideran arbitrarios y direccionados.
Este episodio de contaminación intencionada, sumado a la crisis salarial y laboral, exige una pronta respuesta que contemple tanto la resolución del conflicto como la protección ambiental y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Con información de Diario Nuevo Día, editada y redactada por un periodista de ADNSUR
