CAPITAL FEDERAL - Patrocinados por el ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández, los detenidos empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa recusaron al juez en lo Comercial Javier Cosentino para que no intervenga más en el proceso de quiebra de la empresa petrolera Oil Combustibles, según dijeron a Clarín fuentes judiciales.

La presentación, con escasas chances de prosperar, según las fuentes, obligó al juez de la causa a derivar el asunto a su colega Marta Cirulli y en definitiva será la sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial la que resolverá si Cosentino sigue o no al frente del caso.

"Es para embarrar la cancha y ganar tiempo", dijo una de las fuentes consultadas sobre el planteo firmado por Fernández y los dos detenidos, que por vez primera hicieron una presentación directa en el expediente que ya lleva más de dos años, según explicaron a Clarín en Tribunales.

La presentación firmada por el ex funcionario kirchnerista hace hincapié en la situación de las empresas de medios de comunicación que estaban en manos de López y De Sousa a partir de Oil Combustibles, entre ellas el canal de noticias por cable C5N, y presentadas en concurso de acreedores e intervenidas por la Justicia.

Aníbal Fernández se presentó en nombre de Cristóbal López y recusó al juez de la causa Oil.

El argumento para intentar apartar a Cosentino de la causa es que está anotado en un concurso para ascender a camarista y que por eso intenta congraciarse con el Gobierno para que aporte sus votos en el Consejo de la Magistratura para escalar un peldaño en el escalafón judicial, según dijeron las fuentes.

"Son amigos, y vengo de una época en la que cuando un amigo está en problemas uno tiene que acercarse. No son los tiempos de 2018, cuando muchos se van a la mierda en momentos difíciles", había dicho Fernández a Clarín a principios de mayo, cuando confirmó que asistiría legalmente a López y De Sousa en causas del fuero civil.

Sin embargo, el ex jefe de Gabinete, ex ministro de Justicia y Seguridad y ex senador puso su firma para presentar ante el fuero Comercial la recusación de Cosentino. La recusación retrasará la tramitación del expediente en el que debe decidirse quién se queda con la empresa emblema de López y desde la que asistió a otras firmas del llamado Grupo Indalo con fondos que no derivó al Fisco como agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), según dijeron las fuentes consultadas.

La empresa comenzó formalmente esta semana a ser administrada temporariamente por YPF, en el marco del proceso que desembocará en la enajenación de la firma y su otorgamiento a quien realice la mejor oferta por sus activos, seguramente la petrolera con participación estatal. Los interventores judiciales determinaron que el activo de Oil Combustibles -sin su participación en las otras firmas del Grupo Indalo- asciende a los 42,5 millones de dólares.

Mientras intentan preservar sus bienes, López y De Sousa afrontan la causa penal que los tiene presos por denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y que esta misma semana fue elevada a juicio por el juez federal Julián Ercolini. La AFIP le reclama a López el pago de 8 mil millones de pesos adeudados por el ITC -hoy actualizados al doble por los intereses-, que logró diferir a través de moratorias excepcionales otorgadas durante el gobierno kirchnerista por el ex titular del organismo recaudador Ricardo Echegaray.

López ya contaba con los servicios de otro ex jefe de Gabinete kirchnerista de apellido Fernández. Se trata de Alberto Fernández, quien hizo lobby, incluso, en favor del detenido empresario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según reveló Clarín a mediados de mayo.