TIGRE - El Parque de la Costa se puede sumar a la larga lista de víctimas económicas de la pandemia. El complejo de Tigre ya suma ocho meses cerrados y en la empresa administradora ya le informaron a las autoridades del municipio y a los más de 500 empleados que la continuidad del parque de entretenimientos hoy está en peligro, aunque todavía no se tomó una decisión definitiva.

Según pudo saber LA NACION, la opción del cierre se baraja con más fuerza en un año de pandemia y con la actividad limitada desde el 19 de marzo pasado por la cuarentena, pero el proyecto tenía problemas de rentabilidad desde hace algunos años. Por caso, en su esplendor llegó a recibir 2 millones de personas al año, mientras que en 2019 apenas alcanzó los 800.000.

Además de esa caída en la concurrencia, también descendió el gasto per cápita. A eso se suman costos de mantenimiento elevados; endeudamiento en dólares para comprar las máquinas, que son importadas, en un país de alta volatilidad del tipo de cambio y una gran cantidad de juicios laborales y de accidentes menores dentro del parque.

En los últimos años, a ese combo se le añadió el encarecimiento del cánon por las tierras fiscales que el parque ocupa parcialmente y un impuesto municipal sobre la recaudación de la actividad. Por otro lado, este año Trenes Argentinos Operaciones (Sofse), le exigió a la empresa parte de esas tierras.

Alzas y bajas

El Parque de la Costa nació en mayo de 1997 como parte de un mega proyecto de desarrollo del Tigre, que incluía la puesta en marcha del Tren de la Costa y que era impulsado por Sociedad Comercial del Plata, de la familia Soldati. Al poco de tiempo de abrir sus puertas empezaron los problemas, especialmente por el lado del Tren de la Costa y en 1999 Comercial del Plata defaulteó el pago de un primer bono.

A partir de esta primera crisis, el grupo inició un proceso de desinversión que incluyó la estatización del Tren en 2013 por parte del gobierno de Cristina Kirchner.

El parque hoy sigue en manos de Comercial del Plata, que ahora está presidida por Ignacio Noel y cuenta con más de 9000 accionistas, lo que la convierte en la empresa más difundida (y en cierta medida, popular) de un mercado de capitales como el argentino, que siempre se caracterizó por ahuyentar a los pequeños inversores.

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