COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Mientras continúa el conflicto docente, la Sala A de la Cámara de Apelaciones recibió el recurso presentado por la ATECH, en contra de la medida cautelar dispuesta por la jueza de Familia María Marta Nieto, que ordenó dejar de lado medidas de fuerza que impiden el normal dictado de clases. Mientras se resuelve la apelación, aquella disposición se mantiene vigente, según confiaron a ADNSUR fuentes cercanas al tribunal que revisará el caso, por lo que el Ministerio de Educación habría notificado al Juzgado la nómina de escuelas y docentes que siguen adelante con el paro, según trascendió desde la Oficina de Derechos y Garantías.
La apelación presentada por el Sindicato ingresó a la Cámara sobre fines de la semana pasada, por lo que se dio traslado a la Asesoría correspondiente; el tribunal todavía no se abocó al análisis de la medida cautelar, pero una vez que lo hagan, tendrán 15 días para expedirse. Esto podría llevar la definición hasta después de la feria judicial, que comienza el próximo 9 de julio, es decir después de las vacaciones de invierno.
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Sin embargo, quienes siguen de cerca el proceso explicaron a esta agencia de noticias que, más allá de lo que tarde el tribunal en resolver sobre la medida cautelar de la jueza, la misma “está vigente porque la apelación no tiene efecto suspensivo. Es el mismo caso que si fuera un embargo –explicaron-. Si alguien apela una decisión así, no significa que deje de aplicarse mientras dure la definición, porque si no, sería sólo una forma de demorar la aplicación de la medida”.
La medida advierte sobre posibles sanciones a docentes
El recurso de amparo para garantizar el restablecimiento del ciclo escolar, por considerar vulnerado el derecho a la Educación de niños, niñas y adolescentes, fue impulsado por la Oficina de Derechos y Garantías, a partir del planteo de un grupo de padres, que ve con preocupación la posibilidad de que sus hijos pierdan el año escolar o, en todo caso, la clara imposibilidad de recuperar los más de 70 días de inactividad.
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En concreto, el planteo de la Oficina solicitó “garantizar el inicio regular del ciclo lectivo 2018 para todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran inscriptos y deberían concurrir a establecimiento educativos, solicitando se ordene a los mencionados (gobierno provincial y Ministerio de Educación) a dar cumplimiento efectivo al inicio regular de clases correspondiente al ciclo lectivo 2018 en cada uno de sus niveles - inicial, primario y secundario - debiendo garantizar los 180 días lectivos efectivos y obligatorios”.
Como consecuencia, la jueza de Familia dispuso una medida cautelar (es decir, una decisión provisoria hasta tanto resuelva la cuestión de fondo planteada en el recurso de amparo) por la que establece “la prohibición de suspender el dictado de clases con motivo en medidas de fuerza adoptadas gremialmente”, en todos los niveles educativos de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, “debiendo los docentes cesar en las medidas de fuerza, cualquiera sea su modalidad, que impidan la normal prestación del servicio de educación, bajo apercibimiento de imponer sanciones pecuniarias o de otra índole a fin de vencer la resistencia a su cumplimiento”. La resolución intima también al Ministerio de Educación de la provincia a aportar respuestas que contemplen el reclamo gremial a fin de garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes.
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Como reflejo de que dicha medida se mantiene vigente, el Ministerio de Educación remitió al Juzgado la nómina de escuelas y docentes que mantienen las medidas de fuerza, según se afirmó desde la Oficina de Derechos y Garantías, que es la parte actora que ha promovido el amparo y es la responsable de hacer el seguimiento de su definición.
