Los diputados María Andrea Aguilera y Manuel Pagliaroni presentaron este viernes una nota al diputado Rafael Williams, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura, para que, a través de él, toda la comisión pueda accionar frente a la suspensión de la Ley XV N° 30 que establece el Juicio por Jurados y el juicio con vocales legos. La suspensión fue concretada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) a través de una acordada.   

Los legisladores radicales consideraron a la medida “además de arbitraria, contraria a la división de poderes constitucionalmente establecida y atenta contra los derechos adquiridos por los ciudadanos”.  

En la nota, los legisladores radicales refirieron al Acuerdo de Plenario N° 5.101/2022 por el cual el STJ dispuso “la suspensión de la puesta en marcha de la Ley XV N° 30 en el ámbito del Poder Judicial del Chubut, hasta tanto se apruebe la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos para el Poder Judicial, que permita la cobertura de cargos necesarios para su implementación”. 

Aguilera y Pagliaroni subrayaron que esta decisión es arbitraria y se adopta “excediendo las atribuciones constitucionales del Poder”.  

Entre otros fundamentos que hacen a aspectos constitucionales, en la nota puede leerse que “el Superior Tribunal de Justicia se arroga, sin facultades constitucionales para ello, la posibilidad de determinar la suspensión de una ley a través de un Acuerdo de Plenario. Y no solo ello, sino que se trata de una ley que operativiza una garantía constitucional como es el Juicio por Jurados y Juicio por Vocales Legos”.  

“Lo hace con fundamentos equivocados que invocan preceptos constitucionales extraordinarios que la Constitución no establece, dado que la sanción, derogación, modificación o suspensión es facultad exclusiva del Poder Legislativo y esta Honorable Legislatura nada se ha resuelto al respecto”, agregaron.  

Por último, Aguilera y Pagliaroni sostuvieron que este procedimiento resulta “gravoso en cuanto a la institucionalidad que guarda el avance sobre facultades que no les son propias, con el único propósito de cercenar derechos y garantías que la propia Constitución establece”.  

E instaron a todos los diputados de la Comisión a “adoptar una postura activa ante la gravedad institucional de esta suspensión por acordada y exigir la plena aplicación de la Ley XV N° 30 ya en vigencia”.  

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