COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR / EL ANÁLISIS DE LA NOTICIA) - Mientras se aceleran las discusiones en la Cámara de Senadores para confluir la semana próxima en un debate que podría aprobar, modificar o rechazar el proyecto de ley que tuvo aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación, es válido repasar que la provincia de Chubut cuenta con una norma de avanzada, la ley XV número 14, que establece la Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo (ILVE).

Aborto: 3 claves para entender por qué Chubut está a la vanguardia

¿Cuáles son los principales puntos de este marco legal provincial y en cuánto adelanta el debate que hoy divide al país?

1) La referida ley provincial establece la posibilidad de la interrupción legal y voluntaria del embarazo en centros públicos de salud de la provincia, a partir de una interpretación integral del concepto de salud. Es oportuno recordar que el Código Penal, en su artículo primero, establece que el aborto no es punible “con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”, además del peligro de muerte y el causal de violación a una menor de edad.

En base al concepto de salud en forma más amplia que la mera ausencia de enfermedad, se habilita un causal de interrupción del embarazo que puede ser fundamentado en base a una evaluación psico social de la mujer embarazada, a partir de cuyo resultado puede quedar establecida la inconveniencia de llevar el embarazo a término. Así, una mujer sin pareja, o con antecedentes de patología mental, adicción, o desempleo (siempre que se verifique la situación de vulnerabilidad social) pueden ser causal para la interrupción legal y voluntaria en la provincia. Otro elemento importante: en caso de antecedentes de violencia de género, en el que tampoco se le permite a la mujer el uso de métodos anticonceptivos, puede ser causal para la interrupción. Además, como marca la legislación nacional y en base a un fallo de la Corte que tuvo su antecedente también en Chubut, el aborto no es punible cuando el embarazo es resultante de una violación o relación sexual no consentida.

2) Si el proyecto que salió de Diputados se aprobara sin cambios en el Senado, la ILVE podría hacerse incluso sin la necesidad de la evaluación psico social que hoy rige en la provincia; pero si no se aprueba o se introducen modificaciones restrictivas, la provincia seguiría manteniendo una posición de avanzada en la materia.

3) Un cambio que podría plantearse con la ley nacional es que si la interrupción se legaliza hasta las 14 semanas, o incluso hasta las 12, en la provincia regiría esa posibilidad en forma libre como en el resto del país. Pero por encima de ese plazo, el aborto se podría aplicar en base a los causales antes reseñados. Esto posibilitó que desde el año 2010, se hayan practicado 2.000 interrupciones voluntarias en la provincia, de las cuales algo menos de 800 se dieron en el último año. Como explican los especialistas del Ministerio de Salud provincial, el circuito se cierra cuando la mujer elige un método anticonceptivo, ya que el objetivo es que estas intervenciones no se repitan en el tiempo.

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