Reprivatización de represas en el Comahue: el acuerdo entre Nación y las provincias que habría destrabado el conflicto

La Secretaría de Energía de la Nación se prepara para lanzar el llamado a licitación para la reprivatización del paquete accionario de cinco represas ubicadas en los ríos Limay y Neuquén: El Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Planicie Banderita. Las centrales, que en conjunto generan cerca del 25% de la energía hidroeléctrica del país, estuvieron operando con contratos vencidos desde 2023 y bajo sucesivas prórrogas mientras se resolvía la disputa por el rol de las provincias.

Neuquén y Río Negro, amparadas en el artículo 124 de la Constitución Nacional, reclamaban participación en la nueva etapa concesionaria, tanto en términos accionarios como en el uso del recurso hídrico. La negociación se destrabó con un acuerdo que habilita a ambas jurisdicciones a cobrar un canon del 1% por el uso del agua. Esta condición, confirmada por EconoJournal a partir de fuentes públicas y privadas involucradas en el proceso, allanó el camino para la publicación de los pliegos licitatorios.

La decisión de Nación de avanzar con la venta de las acciones de las represas responde a la estrategia general de transformación del Estado. En agosto de 2024, el presidente Javier Milei firmó el decreto 718 que ordenó a la Secretaría de Energía iniciar el concurso público, transfirió las acciones de Enarsa y Nucleoléctrica Argentina al Tesoro Nacional y dejó sin efecto cualquier posibilidad de participación provincial en la propiedad de las empresas.

Ante ese escenario, las provincias presionaron con legislación propia para regular el uso del agua. Neuquén estableció un canon hídrico de 0,005 dólares por metro cúbico, mientras que Río Negro estipuló una retribución del 5% de la facturación de las empresas concesionarias en el Mercado Eléctrico Mayorista. Aunque esas leyes no fueron reglamentadas, funcionaron como herramientas de negociación.

Según detalló la periodista Laura Hevia en el sitio especializado Econojournal, el acuerdo político entre el Ministerio de Economía y los gobiernos de Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck implicó el reconocimiento del derecho a percibir un canon conjunto del 2% (1% cada provincia) sobre el uso del agua, sin participación en las acciones. La Secretaría de Energía aún debe resolver detalles administrativos para formalizar el llamado a licitación.

Condiciones de la nueva licitación: energía para demanda prioritaria

El esquema de reprivatización contempla una cláusula de abastecimiento que obliga a las empresas adjudicatarias a destinar durante los primeros dos años el 95% de la energía generada a la demanda prioritaria (residencial), con un precio fijado por la Secretaría de Energía. Según publicó EconoJournal, ese valor rondará entre 15 y 20 dólares por MWh, por debajo del costo monómico actual, que se sitúa en torno a los 68 dólares.

El 5% restante podrá venderse a precio libre en el Mercado a Término (MAT), recién a partir del último cuatrimestre del año. Este porcentaje se ampliará gradualmente en los años siguientes, en bloques de hasta 10 puntos porcentuales. La medida busca evitar un impacto abrupto en las tarifas eléctricas o una mayor carga de subsidios.

El reclamo por regalías

El gobernador Rolando Figueroa ratificó que Neuquén continuará reclamando el cobro completo de las regalías hidroeléctricas. Expresó que el Estado nacional eliminó en años anteriores la base imponible sobre la cual se calculaban estos pagos, y que se dejó de aplicar el porcentaje sobre el total del valor de la energía generada.

“El reclamo es para que se reconozca el 100% del valor de la energía como base de cálculo, y también para que se pueda percibir parte de ese pago en especie”, señaló. Con ese objetivo, la provincia buscará utilizar parte de la energía generada en las represas para abastecer parques industriales o asegurar mejores tarifas para sectores productivos.

Figueroa también sostuvo que Neuquén es una provincia energética integral y que, además del desarrollo hidrocarburífero, tiene un rol histórico en la generación hidroeléctrica. “No peleamos por pelear; peleamos por lo que le corresponde a Neuquén”, afirmó el mandatario.

Un nuevo modelo para la energía hidroeléctrica

El proceso de reprivatización forma parte de una reconfiguración estructural del modelo energético argentino. A diferencia del esquema vigente desde los años 90, la nueva concesión mantiene al Estado nacional sin participación directa, mientras que las provincias cobran regalías y un canon hídrico, pero no acceden al capital accionario de las empresas operadoras.

El objetivo oficial es consolidar un mercado abierto, con menor intervención estatal y precios regulados solo en segmentos estratégicos. El diseño de este nuevo modelo queda ahora a prueba con el resultado del proceso licitatorio y su implementación. La definición de los adjudicatarios y la formalización del canon marcarán la transición de las represas del Comahue a una nueva etapa bajo gestión privada.