Pozos inactivos y crisis en contratistas: los efectos residuales del retiro de YPF que aún persisten en Comodoro

Tras el proceso de salida de YPF de las áreas del golfo San Jorge hay efectos que aún no terminan de dimensionarse. El Municipio de Comodoro vuelve a la carga con una ordenanza para sanear el ‘pasivo ambiental’, mientras el ‘pasivo social’ se mide en una situación crítica en el sector pymes, en un proceso en espejo con lo que ocurre también en áreas convencionales de Neuquén, por fuera de ‘la gran liga’ Vaca Muerta.

El retiro de la operadora de bandera, que sigue siendo de mayoría del Estado argentino pese a los esforzados oficios de la jueza Loretta Preska y el grupo Burford, todavía tiene capítulos para contar en la región formada por el norte de Santa Cruz y el sur de Chubut.

Y si bien no todo es atribuible a la petrolera nacida en esta ciudad hace más de 100 años, hay una serie de consecuencias de su decisión, que seguirán generando efectos en el corto y mediano plazo, con un pronóstico que hoy parece difícil de acertar.

Othar busca una nueva ordenanza de pasivo ambiental: el objetivo es cambiar “pasivo” por “daño”

Una de las novedades que no pasó inadvertida en las últimas semanas es la decisión del municipio de Comodoro para avanzar con un nuevo proyecto de ordenanza ambiental. La decisión tomó por sorpresa a algunos concejales. Lo supieron al recibir el mensaje de que no debían tratar el proyecto remitido el año pasado, cuando el anuncio de la retirada de YPF era reciente. 

En realidad, la iniciativa anterior no estaba en tratamiento ni tenía perspectivas de avanzar. Quedó quieta luego de que Provincia avanzara con su propia ley ambiental, absorbiendo la potestad para discutir con ésta y otras operadoras los términos de su retiro de la provincia. 

¿Tiene sentido avanzar ahora en una norma local, cuando el traspaso de las áreas ya se concretó? A criterio de quienes están trabajando en el proyecto, la respuesta es absolutamente afirmativa. 

⚖️ Objetivos de la nueva ordenanza municipal

En primer lugar, según explican quienes vienen trabajando técnicamente sobre el proyecto, la nueva iniciativa buscará introducir el concepto de “daño”, para calificar el pasivo o actividad residual dejado por YPF y las demás operadoras en el ejido urbano de la ciudad. 

La diferencia no es sólo semántica, sino principalmente jurídica. “El daño es intransferible”, confió uno de los técnicos, haciendo alusión a los términos de la ley nacional 24.051, de ‘Residuos Peligrosos’.

Hay 1.700 pozos inactivos en el ejido urbano, de los cuales un centenar está en condición de alto riesgo

De concretarse ese cambio normativo, se apuntaría a dejar sin efecto la responsabilidad sobre el pasivo ambiental que YPF le transfirió a PECOM, junto con las áreas que le vendió. Se busca, en definitiva, un resquicio para negociar con la operadora de bandera nacional la reparación del “daño” ambiental dejado en el ejido urbano.

📊 Pozos inactivos y en alto riesgo

En despachos oficiales, se cree que la nueva operadora no tendrá las condiciones financieras para afrontar la reparación, de una gran cuantía económica, por lo que el objetivo es retrotraer a la petrolera que conduce Horacio Marín a acordar un esquema más beneficioso para la ciudad.

De acuerdo con el relevamiento realizado desde la Subsecretaría de Ambiente del Municipio, hay al menos 1.700 pozos inactivos en el ejido urbano, que se ve afectado por las áreas Campamento Central-Cañadón Perdido.

Hasta ahora, la dependencia municipal ha relevado un total de 640 pozos, a los que calificó como bajo, mediano y “alto riesgo”. En esta última categoría se encuentran tanto las viejas perforaciones que hoy se encuentran en cercanías de una vivienda, como los que no han podido ser detectados, considerando que muchos fueron realizados en las décadas del 30 y 40. 

“Hay 20 o 25 pozos que están en cercanías de viviendas, sin el procedimiento de abandono de alta seguridad que dispuso la Resolución 05/1996 -detallaron desde la dependencia municipal-. Y hay al menos unos 80 pozos que no pudimos ubicar”.

Esto lleva a deducir que hay, al menos, unos 100 pozos en condición de alto riesgo, que deberían ser sometidos al proceso de abandono con el protocolo dispuesto por la normativa nacional. 

De avanzarse por este camino, se apuntaría a exigir el abandono, en un plan de saneamiento, similar al que YPF acordó con el gobierno de Santa Cruz. El espejo de la vecina provincia refleja que allí se acordó un pan de saneamiento durante los próximos 5 años, con desembolsos adicionales por 330 millones de dólares, de los que ya recibió 140. 

La expectativa en Comodoro es más moderada, porque el acuerdo general ya fue cerrado entre la operadora y el gobierno de Chubut. Pero el municipio apuntaría a que haya un saneamiento de los pozos del ejido. La tarea no será sencilla: el costo se estima en los 200.000 dólares por unidad, que puede elevarse hasta el doble de esa cifra cuando debe trabajarse en áreas urbanas.

La carta judicial y otro ‘as’ que queda para negociar

Con relación a los términos ambientales que acordó la provincia, si bien ya había introducido el concepto de “daño” en la ley, desde el municipio evalúan que un decreto posterior permitió que mediante una “Auditoría Ambiental de Cierre”, la responsabilidad de su reparación sea transferida al nuevo concesionario. Ahora, habrá una discusión legal sobre la preeminencia de normas, pero algunos en el municipio no descartan llegar a una instancia de reclamo judicial. 

Esto, según se reconoce desde algunos despachos con poder de decisión, significa un ‘ruido’ importante para una operadora a la hora de buscar financiamiento internacional, sobre todo si el reclamo proviene de temas vinculados al ambiente.

Hay también una última carta que le queda al municipio comodorense. La última reunión del directorio de YPF terminó de aprobar lo que ya se anticipó desde hace meses, pero restaba el paso formal: a fin de año se desprenderá de Manantiales Behr. Si bien no está en el ejido urbano, la transferencia de ese último activo podría ser un ámbito de discusión para revalidar el reclamo sobre el “daño ambiental” en el ejido urbano.

La crisis de las pymes regionales ‘iguala’ a San Jorge y Neuquén

El otro andarivel que refleja con claridad el retiro de YPF no se vincula ya a la operadora de bandera, sino a su reemplazo en la región y las nuevas modalidades. Tanto el sindicato Petrolero como las empresas regionales hicieron saber, por vías diferentes, la tensión existente con PECOM, a partir de demoras en el pago a contratistas y los despidos por rupturas de contrato.

Desde el ámbito gremial, la preocupación pasó por el pago de aguinaldos, que debían liquidarse el viernes pasado, junto a los haberes de junio. Las dudas se mantuvieron hasta último momento, a partir del atraso en el pago a las contratistas, lo que llevó al sindicato Jerárquico a advertir que podría haber retenciones de servicios. Al cierre de este informe pudo saberse que hubo cancelaciones parciales por parte de la operadora, que permitieria abonar haberes esta semana, aunque en algunos casos sin las actualizaciones salariales acordadas recientemente.

Desde el sector empresario, ya se había manifestado cuestionamientos hacia la operadora en el ámbito de la Multisectorial que empezó a trabajar en un diagnóstico de la crisis regional, donde se expresó que “los problemas financieros de la  nueva operadora son trasladados a los contratistas”.

💵 Crisis de contratistas y pasivo social

“No estamos pidiendo un ‘pronto pago’ ni ningún tipo de anticipo, sino que se abone lo que se nos debe desde hace dos meses”, graficó un empresario regional, en respuesta al planteo del sindicato Petrolero.

También se refutó a las críticas por los despidos que había enumerado Carlos Gómez días atrás. “Si los contratos no se renuevan, es imposible seguir reteniendo a los trabajadores, por más acuerdo de paz social que hayan firmado las operadoras y los sindicatos”, se expresó.

La situación que señalan las empresas regionales e Chubut, que fueron detalladas en encuentros con el gobernador Ignacio Torres y el intendente Othar Macharashvili (aunque el poder político no dio muestras de hacerse eco del reclamo), tiene muchos puntos de contacto con lo ocurrido en Neuquén.

Allá también, por fuera del auge de Vaca Muerta, hay serios problemas con las áreas convencionales transferidas por YPF. En aras del objetivo de optimizar costos y hacer más eficiente la operación, hay caída de contratos y absorción de servicios, en especial en lo que hace a Operación y Mantenimiento. En Neuquén los reclamos van hacia la firma Bentia (y su posible contratación de la estatal provincial ENSI para concentrar servicios), mientras que en Comodoro se enfocan en PECOM y NCY, a cargo de la operación y mantenimiento.

Desde la nueva operadora la respuesta ha apuntado a la necesidad de reducir costos para hacer viable la operación de las áreas, en tanto subrayan que la actividad estaba sobredimensionada y en más de un caso “se operaba con mayor número de personal y estructura estrictamente necesarios”.

Mientras esa discusión de argumentos no termina de resolverse, se sigue generando un “pasivo” de índole social, cuyo costo aún no termina de medirse. No sólo por los puestos de trabajo que continúan perdiéndose y lo que esto significa para el entramado económico, sino también por los efectos de la pérdida o riesgo de quebranto de empresas que han sido pilares de la región, que configuraron un ‘know how’ que en su momento fue motivo de exportación hacia otras latitudes (la cuenca Neuquina es testigo de ello). 

El riesgo no está en el objetivo de optimizar la operación, algo en lo que todas las partes coinciden y las evidencias demuestran que es inevitable afrontar, sino en la pérdida de esa cadena valor. Esto podría tornarse muy difícil de suplir, lo que implica un riesgo para la expectativa de recuperar la solidez del mercado laboral y una economía regional con algo más de previsibilidad.