De la compra sin fondos del grupo Petersen a una demanda millonaria contra Argentina: la historia oculta detrás del caso YPF

La paradoja del caso es el modo en que se produjo el ingreso de la familia Eskenazi a la operadora YPF, en el año 2008, lo que fue puesto bajo la lupa por una investigación judicial iniciada en el año 2007, a partir de una denuncia de Elisa Carrió. La causa duerme el “sueño de los injustos” en el juzgado del juez Ariel Lijo, frustrado candidato a sumarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como parte de esa causa, el juzgado llegó a evaluar un informe elaborado en 2018, que se centró en la adquisición del 25% de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, una operación que se realizó sin el desembolso de fondos propios y que hoy podría culminar en una millonaria indemnización a favor del grupo, gracias a un fallo de la justicia estadounidense.

📊 Cronología de hechos clave

Una adquisición carente de fondos propios y plagada de “inusualidades”

La pesquisa, iniciada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4 en el marco del Expediente N° 3518/06, tuvo como propósito central rastrear el origen y el destino de los fondos utilizados por el Grupo Petersen para financiar la compra de las acciones de YPF. El informe de inteligencia resultante (que circuló en ámbitos petroleros de la cuenca San Jorge y al que tuvo acceso ADNSUR), fechado en 2018, detalla una serie de "inusualidades comerciales y financieras" que rodearon la operación.

El modo en que el Grupo Eskenazi accedió al 25% de YPF es el foco de las sospechas:  
🔹Las empresas compradoras, Petersen Energía SAU y Petersen Energía Inversora SAU, habrían sido constituidas en España apenas unos meses antes de la adquisición (en 2008 y 2011, primero con un 15 y luego con un 10%, respectivamente) y con un capital mínimo legal.  
🔹El Grupo Petersen carecía de antecedentes comerciales en el mercado petrolero, un sector conocido por ser "muy cerrado".  
🔹No se habrían desembolsado fondos propios en la operación. 

En lugar de fondos propios, el Grupo se financia a través de:  
       🔺Un préstamo significativo de un "pool de bancos" internacionales (incluidos Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa). El informe advierte que resulta llamativo que empresas de reciente constitución y sin calificación crediticia recibieran semejante préstamo, garantizado principalmente por las propias acciones de YPF adquiridas.  
      🔺Un préstamo de la propia vendedora, REPSOL SA , también garantizado únicamente con las acciones transferidas, lo cual se considera "económicamente inexplicable".   
      🔺La cesión del derecho a cobrar dividendos de YPF del ejercicio 2006, un período en el que el Grupo Petersen ni siquiera era accionista ni estaba legalmente constituido, una práctica "carente de justificación económica".

La operación se estructuró a través de un "entramado de empresas" en distintas jurisdicciones (España, Australia, Austria). Esta compleja red societaria se considera inusual y podría haber sido utilizada para "disimular quiénes serán los verdaderos dueños y controladores del negocio, así como también el origen y el destino de los fondos involucrados".

Se investiga la posible vinculación de la operación con los "fondos de la Provincia de Santa Cruz", administrados por el Banco Santa Cruz, del cual Enrique Eskenazi era presidente. Existe la hipótesis de que estos fondos, depositados en Credit Suisse (uno de los principales prestamistas), podrían haber sido "utilizados indebidamente" como garantía de los préstamos para la adquisición de YPF.

La maniobra presenta caracteristicas "sospechosas de Lavado de Activos ", sugiriendo que "fondos no declarados y/o ilícitos" podrían haber sido utilizados como garantía para obtener "fondos auténticos" de bancos.

💰 Estructura de la operación del Grupo Petersen

El "vaciamiento" de YPF y los vínculos con el poder

La investigación también se centró en las "posibles irregularidades" que habrían provocado un "grave deterioro de la situación patrimonial de Repsol YPF SA", lo que se ha denominado un "vaciamiento empresarial". 

Una vez en YPF, el Grupo Petersen habría buscado cancelar su deuda de adquisición con los ingresos y activos de la propia compañía., lo que se habría logrado mediante:  
🔹El pago de dividendos excesivos , que habrían superado los límites legales y las ganancias de la compañía, constituyendo una posible defraudación..  
🔹El cobro de honorarios al directorio que excedían los límites reglamentarios y no respondían a una estructura administrativa racional.  
🔹Además, se investigaron antecedentes de actividades comerciales sospechosas de YPF, como el uso de facturas apócrifas, sobreprecios en contratos con el Estado, y el incumplimiento de obligaciones de inversión en concesiones, lo que podría implicar sobornos a funcionarios públicos.

El informe subraya el "estrecho vínculo" del Grupo Eskenazi con funcionarios públicos, especialmente con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. También se destacaron tasas "preferenciales" otorgadas por el Banco Santa Cruz (propiedad de los Eskenazi) a Néstor Kirchner, que le habrían permitido justificar su evolución patrimonial.

Expropiación, cláusulas de indemnidad y la demanda millonaria en Estados Unidos

Cuando el Estado Nacional decidió expropiar el 51% de YPF a Repsol SA en 2012, lo hizo calculando el "colapso financiero, económico y productivo" de la empresa. Sin embargo, la investigación señala que el Grupo Eskenazi fue "excluido" de este proceso de expropiación, a pesar de haber compartido la dirección de la compañía durante el período de las presuntas irregularidades.

El "Acuerdo de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación" firmado con Repsol en 2014 no sólo implicó un pago multimillonario a la empresa española, sino que también incluía "cláusulas de indemnidad". Estas cláusulas obligan al Estado Argentino a desistir de reclamos y legales contra Repsol SA y sus "personas vinculadas" por irregularidades anteriores al acuerdo. 

Según el informe, esto "benefició no solo a Repsol SA, sino también a la familia Eskenazi", al eximirlos implícitamente de demandas por su rol en el "vaciamiento" de la sociedad.

🧮 Elementos judiciales y políticos relevantes

Comprar sin fondos genuinos y el premio de una indemnización obscena

Paradójicamente, la historia no termina ahí. El Grupo Petersen, a través de sus empresas liquidadas en España, y financiado por el fondo de inversión estadounidense Burford Capital, inició una demanda millonaria contra YPF SA y el Estado Argentino ante la justicia de EE.UU. La base de esta demanda, que ha sido sostenida por la jueza Loretta Preska (a quien se derivaron las causas del fallecido juez Griesa), es la interpretación de que el Estado Argentino debió haber realizado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a todos los accionistas de YPF al momento de la expropiación.

Lo "llamativo" de esta acción legal es que, cuando el Grupo Eskenazi ingresó a YPF, se modificó el Estatuto Social para permitirles adquirir hasta el 50% de las acciones "sin la necesidad de cumplir con el requerimiento de hacer una Oferta Pública de Acciones (OPA)". Es decir, el propio demandante que evitó una OPA para sí, ahora la exige para obtener una indemnización.

Si la demanda resulta favorable, como ha ocurrido hasta ahora con los fallos de la jueza Preska (que el gobierno argentino debería apelar) el Grupo Petersen, a través de los activos contingentes en su proceso de liquidación, podría recibir una indemnización significativa. De los 16.000 millones de dólares que ha dictaminado la jueza, además del 51% de las acciones de la empresa, un 30% del monto total correspondería al grupo Eskenazi, por haber conservado ese porcentaje dentro de los derechos que le vendió a Burford.

Esto implicaría que el Grupo Petersen, o la familia Eskenazi, podría obtener un beneficio multimillonario "sin haber invertido fondos desde el comienzo de su incursión en YPF", sumándose a los ingresos ya percibidos por honorarios y dividendos durante su gestión.

En conclusión, la investigación plantea la posibilidad de que la llegada del Grupo Petersen a YPF haya sido el resultado de una "maniobra diseñada o planificada, con la complicidad del gobierno de turno", y que, de concretarse el pago de la indemnización, la familia Eskenazi obtendría "fondos lícitos (genuinos) que le pagaría el propio Estado Nacional" a partir de una operación que, desde su inicio hasta su potencial desenlace, fue declarada "sospechosa de Lavado de Activos".

La demanda contra la expropiación, que fue una decisión estratégicamente válida en su momento, se dirige hoy a un desenlace que impacta directamente en los ríos de petróleo, la política nacional y las finanzas públicas. La narrativa de la familia Eskenazi, acusada de entrar en YPF sin inversión genuina, vaciar activos y luego buscar una indemnización multimillonaria a través de una asociación con un fondo buitre, se enmarca en un episodio clave de la historia empresarial y judicial argentina. El fallo de Preska no sólo saca la causa de los juzgados locales sino que lleva el conflicto a tribunales internacionales, con consecuencias concretas, que ya afectan a YPF, independientemente de cuál sea el resultado final de un juicio que aún no concluyó.

Desde la mirada de la cuna de YPF, en Comodoro Rivadavia, la causa vuelve a llamar la atención sobre los vínculos entre los grandes negocios de energía, la política y las aristas judiciales que la nación debería estar dispuesta a defender, independientemente del lugar de la grieta en el que cada uno se ubique.