“Acuerdo de Competitividad": cuáles son los alcances del convenio que se firma hoy en busca de frenar la crisis petrolera en Chubut

En un contexto de creciente tensión social y económica, este domingo 25 de Mayo se firma en Comodoro Rivadavia un acuerdo clave entre el gobierno provincial, sindicatos petroleros y empresas operadoras, con el objetivo de contener la crisis que atraviesa la cuenca del Golfo San Jorge. El denominado “Acuerdo de Competitividad” busca establecer bases de eficiencia y metas de producción, a fin de promover inversiones y recuperar un marco de estabilidad laboral en una de las regiones más golpeadas por el declino de la producción convencional.

La cuenca San Jorge, históricamente motor energético del país, enfrenta una tormenta perfecta: altos costos operativos, madurez geológica de los yacimientos, presión impositiva, marco laboral rígido y el atractivo feroz del shale oil de Vaca Muerta, que en los últimos años ha concentrado las inversiones en aquella región.

Los datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación reflejan con claridad las diferencias de inversión que, si bien han existido siempre, se agudizaron en los últimos años. Mientras la cuenca Neuquina tendrá este año desembolsos por 9.819 millones de dólares, San Jorge obtendrá 1.1124 (20% menos que el año pasado).

Si se considera por provincias, las diferencias se hacen más notorias. En Neuquén los desembolsos superarán los 9.645 millones de dólares, mientras que Chubut contabilizará 914,56. Peor aún, en Santa Cruz sólo se proyectan 210 millones de dólares.

Una década atrás, las diferencias eran menos notorias. En Neuquén se invirtieron durante 2015, unos 4.600 millones de dólares y en San Jorge, casi 1.900 millones de dólares. Esa relación, que era inferior al doble una década atrás, en el último lustro se ha extendido a 8 ó 10 dólares en Neuquén por cada dólar invertido en esta región.

Los números reflejan una realidad vinculada a la indudable riqueza de los recursos shale de Neuquén, desarrollados al amparo de amplias políticas de incentivos por parte del Estado nacional; frente a la inexorable madurez geológica de los yacimientos de San Jorge, que también requieren de políticas nacionales para sostener un andamiaje productivo, que seguirá siendo importante para el país. 

El objetivo de lograr competitividad

En ese contexto, el acuerdo que se firmará este domingo busca establecer las bases para recuperar eficiencia. Los actores de la industria saben que no hay ‘competencia’ posible frente al rendimiento productivo de Vaca Muerta, pero sí es viable sostener actividad en San Jorge, con la producción de un tipo de petróleo que por sus características es complementario al que se produce en los yacimientos neuquinos. Y por lo tanto, sigue resultando necesario para la mezcla en las refinerías argentinas.

El desafío, desde esa perspectiva, es lograr que el costo de producción se reduzca a partir de medidas que logren la mayor eficiencia en la extracción, para evitar el ‘cruce de curvas’ de alto riesgo: si el precio internacional sigue bajando y el costo se incrementa por la creciente madurez de los campos chubutenses, puede llegar el punto en que resulte más barato importar petróleo pesado que producirlo en San Jorge.

Según relevamientos recientes, perforar un pozo convencional en Chubut cuesta más de 60 dólares por barril, mientras que el precio de venta apenas logra cubrir ese umbral, con el mercado internacional a la baja.

Tal como reveló ADNSUR la semana pasada, en base a un trabajo del economista Alejandro Jones, con un precio de referencia de 65 dólares por barril, Chubut apenas logra un margen positivo de 2,6 dólares por unidad, mientras que Santa Cruz opera con una pérdida de 2,1 dólares por barril, ya que son menos productivos. Si el precio cae a 60 dólares, en Chubut se pierden 40 centavos por barril y en Santa Cruz, más de 5 dólares por cada barril, con una rentabilidad negativa de casi el 9%.

En este escenario, el retiro de YPF de la región y el reacomodo que se produce también en otras operadoras ha derivado en una pérdida de puestos de trabajos que se estima en alrededor de 5.000 trabajadores en toda la cuenca.

Atenuadas como renuncias consensuadas e indemnizaciones por encima de lo habitual, las desvinculaciones por ahora tienen un efecto ‘retardo’ en base precisamente al monto obtenido por los trabajadores desvinculados, pero en no pocos sectores se anticipa el impacto que ese movimiento tendrá una vez que “la plata se acabe”.

Un freno a los despidos

Frente a ese escenario, la expectativa plantada por los actores sindicales es que el acuerdo a firmarse hoy ponga un freno al ajuste. Según ese argumento, anticipado días atrás por Jorge Ávila y reiterado el viernes por el gobernador, el achicamiento realizado al mercado de trabajo ya habría encontrado su tope y a partir de ahora se debería blindar a los puestos laborales vigentes.

Si hay nuevas reducciones, será por la vía ‘natural’ de las jubilaciones y eventualmente, a partir del vencimiento de contratos de servicios.

Hay un punto que se reconoce en voz baja, aunque nadie lo dirá a viva voz. La actividad en la región estaba sobredimensionada, producto de una estructura alcanzada en tiempos donde la curva de producción iba en aumento.

Alcanzado ese tope productivo, la estructura quedó por encima de los volúmenes de producción de cada área, lo que llevó a reducir actividad proyectada para este año y readecuar los objetivos de parte de todas las operadoras.

No sólo el retiro de YPF marca ese dato incontrastable, sino la reformulación de planes de las demás operadoras, que tiene el mayor exponente en el objetivo de PAE para buscar recursos no convencionales en la formación D-129, donde se centran hoy las expectativas para encontrar un nuevo horizonte productivo, donde también podría adquirir protagonismo el gas.

Alcances del acuerdo

El gobernador Ignacio Torres ha sido uno de los principales impulsores del acuerdo, apuntando a generar incentivos para el recupero de la actividad. Aunque las medidas están bajo estricta reserva hasta el anuncio de hoy, parte del cuerpo normativo que buscará impulsarse viene a complementar algunas de las ya anunciadas, como la baja de regalías para la futura producción no convencional Cerro Dragón, o la que ya se aplicó para las áreas de Escalante-Trébol adquiridas por PECOM.

Torres habló el viernes anticipó el viernes que se buscará sentar las bases, mediante medidas de alivio fiscal, para garantizar estabilidad jurídica y garantizar inversiones durante los próximos 15 ó 20 años.

“El acuerdo tiene importancia para cortar la espiral de destrucción de empleo y apostar al No convencional, aprendiendo de los errores del pasado -expresó Torres-. Lo hacemos con un barril casi negativo y un dólar muy planchado, lo que es doblemente meritorio, porque refleja que hay empresas dispuestas a invertir en un contexto adverso a nivel internacional, pero ven que a mediano y largo plazo tendrán seguridad jurídica para hacer inversiones a mediano y largo plazo”.

Parte de este programa de acciones depende de la jurisdicción provincial y tendría un complemento con otras medidas que se esperan del gobierno nacional. La más concreta fue reiterada por el gobernador en las últimas semanas, cuando pidió al ministro Luis Caputo que elimine las retenciones a la exportación, al menos a la mitad de los actuales 8 puntos porcentuales.

Esto sería un complemento a la respuesta que ya se concretó meses atrás, con la eliminación de aranceles para la importación de polímeros, que es un insumo fundamental para el desarrollo de la actividad terciaria.

También contendría un compromiso para trabajar en modificaciones al régimen de trabajo, en el que habría algún tipo de modificación en el esquema de horas extras y buscar el modo de alivianar la carga salarial sin afectar el salario de los trabajadores.

También está pendiente de tratamiento el proyecto de ley de incentivos para cuencas maduras, que la diputada Ana Clara Romero impulsa en la Cámara Baja. Días atrás, la legisladora reconoció que no ha logrado que la presidenta de la comisión de Energía, que responde al gobierno libertario, convoque a discutir ese proyecto, que podría ser otro instrumento fundamental para atenuar la caída productiva de la región, a partir de medidas de alivio tributario que dependen de la jurisdicción nacional.

Para ser más claros, no es posible aspirar al costo de producción de un barril en Vaca Muerta, de entre 5 y 7 dólares, frente a lo que cuesta en San Jorge, 10 ó 12 veces más caro. Pero sí es probable aspirar a que ese costo se reduzca hasta valores más viables, en el orden de los 30 dólares por barril.

Una parte de ese camino se recorrerá con más eficiencia y reducción de costos, pero también se necesita un incremento de producción que, según confían referentes de las operadoras de la región, todavía es posible esperar.

Entre los borradores que circularon del acuerdo se aprecian los siguientes puntos:

-Promover iniciativas que dinamicen la inversión y estimulen la continuidad
operativa de los yacimientos, especialmente en zonas de mayor madurez productiva.
- Garantizar un clima de paz social y cooperación, que permita generar previsibilidad
para el desarrollo de las operaciones, la inserción de las PyMES regionales en la cadena de
valor y la preservación del empleo local.
-Fomentar el uso de nuevas tecnologías, la capacitación de los trabajadores, y la mejora en las modalidades de trabajo y condiciones de seguridad en toda la cadena de valor del sector hidrocarburífero. 
-Coordinar esfuerzos para gestionar la ejecución por parte del gobierno nacional de las obras
de infraestructura vial y de transporte eléctrico que resultan imperiosas e imprescindibles para el más adecuado desenvolvimiento del sector productivo.