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Ocurrió este martes por la mañana, en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP).

El máximo tribunal revirtió un fallo sobre un caso de 2016 en el que había resuelto que la tenencia de estupefacientes por parte de un detenido en un establecimiento carcelario afectaba a la salud pública. Un artículo de la Constitución Nacional fue la clave para determinar el fallo.

Luego de los cuestionamientos de legisladores de Juntos por el Cambio ante el pedido de prohibición para que se eviten delitos por esa vía, el organismo penitenciario bonaerense aseguró que el uso tiene que ser con "protocolos".

El objetivo es que pueda contar con esta documentación para poder "acceder a distintos beneficios como la educación, salud y futuras búsquedas laborales", según lo anticipó María José Llanes , directora del Registro Civil a nivel provincial. “Es una puerta para ejercer sus derechos e ingresar al sistema”, aseguró.

Los reclusos arrancaron un tomacorrientes del sector y cortaron el suministro eléctrico en la dependencia policial. Fueron imputados por daño agravado.

Se trata de privados de la libertad de los distintos pabellones de la Alcaidía de Comodoro que reclaman para que se normalicen las visitas. “Pedimos que nos dejen compartir una pizza o gaseosa. Somos conscientes de que afuera está todo normal”, se quejó uno de los detenidos.

El incendio ocurrió medio de un reclamo de presos que exigían que les dejen ingresar una pava eléctrica y un teléfono celular. Las autoridades se negaron y provocaron distintos focos ígneos, pero solo se pudo comprobar la autoría de Diego Armando Jara.

La decisión fue tomada amparándose en las Reglas Mandela. Se trata de “un caso sumamente excepcional, en el que un actor privado pretende colaborar con el proceso de reinserción social de un detenido".

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Juan Manuel Irusta, informó que ya son dos los presos que cursan la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional de la Patagonia. “Tienen derecho a una educación pública y en caso de ser gratuita es más inclusiva", dijo.

El hombre asesinado por su hijo había estado preso por abuso sexual y nunca recibió tratamiento psicológico. Desde el servicio de Salud Mental del Hospital Regional explicaron que a ellos no les corresponde abordar la rehabilitación a un condenado, ya que su práctica se orienta hacia otras áreas, y deberían ocuparse otros profesionales dentro del Sistema Penal

La fiscalía de Trelew impugnará la decisión de la jueza , que definió que estaban dadas las condiciones para determinar este beneficio, más allá de los antecedentes. Otro detenido también fue alcanzado por esta medida.

El titular del Ministerio de Salud de la provincia, Fabián Puratich, contó bajo qué circunstancias distintos presos recibieron la vacuna contra el coronavirus, luego de que se desatara la polémica ya que se trataba de asesinos, ladrones y hasta un femicida. En las últimas semanas, un centenar de detenidos recibieron la primera dosis de la vacuna.

Samuel Llanos fue trasladado a la Unidad Penal 49 de la localidad de Junín. Su defensa pedirá que lo ubiquen en un pabellón alejado del resto de la población carcelaria. El fisicoculturista llegó con el tabique roto tras la brutal paliza con la que lo recibieron en la comisaría.

Reclaman por las condiciones en el pabellón N° 3, donde tendrían una sola ducha para higienizarse, además de inconvenientes con el agua. Presentaron una nota ante las autoridades.

Nuevamente personal policial de la Seccional Séptima detectó droga en alimentos que son llevados por familiares a los internos.

El Concejo Deliberante envió una nota al director de la Unidad Penitenciaria 14 ante la preocupación por un eventual arribo de detenidos de otros puntos del país, al establecimiento carcelario cordillerano.

Los internos piden, entre varias cuestiones, prisión domiciliaria en algunos casos, que se cumplan con las condiciones de higiene y seguridad y que se cree un protocolo para volver a recibir visitas. Ahora una jueza de Trelew deberá analizar la solicitada.

Los internos del penal de Rawson iniciaron en las últimas horas un reclamo para pedir productos de limpieza y trabajar en la desinfección de los pabellones en medio de la pandemia del coronavirus. Además aseguran que faltan medicamentos y atención médica.

En el marco del aislamiento social y ante el avance del COVID-19, las autoridades del Servicio Penitenciario de Santa Cruz mantendrán una reunión este lunes a la mañana para evaluar la posibilidad.

La Cámara Federal de Casación recomendó a los tribunales federales y nacionales que de ella dependen que otorguen prisión domiciliaria con monitoreo electrónico a los presos en prisión preventiva por delitos no violentos, condenados a penas de menos de 3 años, que estén en condiciones de tener salidas transitorias, mujeres embarazadas o en los grupos de riesgo a raíz del COVID-19.